Un fallo contundente dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso del genocidio de la Unión Patriótica (UP) por parte del Estado colombiano, que fue hallado responsable de la violencia y desaparición de cada uno de los integrantes de este partido en los años 80 y parte de los 90.
Así lo dio a conocer también la Fiscalía General de la Nación, quien hizo pública la sentencia a través de su cuenta en X. Allí señaló: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Colombia responsable por la violencia sistemática y generalizada mediante actos de desaparición forzada, asesinatos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, atentados, judicializaciones indebidas, tortura y desplazamientos forzados, entre otros, que llevó al exterminio por razones políticas del partido político Unión Patriótica”.
Ante la decisión de la Corte Interamericana, el ente acusador también indicó que el organismo ordenó como medida de reparación que estos hechos los conozca la sociedad, para que no se vuelvan a repetir, con “la publicación de la sentencia a través de las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación”.
La Corte Interamericana también estableció diversas medidas para garantizar la memoria y reparación de las víctimas: la construcción de un monumento en recuerdo, la creación de una comisión para constatar la identidad y parentesco de las víctimas, la realización de investigaciones amplias y sistemáticas para establecer la verdad de los hechos, y la búsqueda del paradero de las víctimas desaparecidas.
El caso que llegó al organismo internacional es “Integrantes y militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, en el que el alto tribunal indicó que el Estado fue responsable por la violencia sistemática y generalizada a la que fueron sometidos los integrantes de la UP.
La sentencia se dio a conocer el 27 de junio de 2022 por parte de la Corte IDH, luego de investigar a fondo la situación de las víctimas de la UP y la defensa del Estado colombiano. Además, el 29 de junio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte el caso “Integrantes y militantes de la Unión Patriótica” contra la República de Colombia.
“La controversia versa sobre las alegadas graves violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de seis mil presuntas víctimas integrantes y militantes del partido político Unión Patriótica (en adelante también “UP”) en Colombia a partir de 1984 y por más de veinte años. La Comisión calificó estos hechos como un exterminio y consideró que el Estado es responsable”, señala la sentencia.
En su momento, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), este hecho marcó un triste episodio de la historia nacional y alcanzó una “gravedad y magnitud inusitadas”. Este órgano afirmó que el Estado colombiano falló al momento de garantizar la protección de los derechos de las víctimas e, incluso, hizo mención de ciertas ocasiones en las que se abusó de la legislación nacional para judicializarlas.
“La UP participó en las campañas presidenciales de 1986 y de 1990, con las candidaturas de Jaime Pardo Leal y de Bernardo Jaramillo, respectivamente. Jaime Pardo Leal fue asesinado el 11 de octubre de 1987 y Bernardo Jaramillo el 22 de marzo de 1990. Luego del asesinato de Jaramillo, la Unión Patriótica decidió no participar en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990 por falta de garantías. Sin embargo, el resultado de la violencia que se ejerció contra los liderazgos nacionales de la UP fue lo que precipitó un declive de su influencia nacional, aunque siguió jugando un importante rol a nivel local”, señala el documento de la sentencia.
En una entrevista con SEMANA en febrero de 2023, la senadora por el Pacto Histórico Aida Avella, una de las sobrevivientes de la UP, señaló que el fallo de la Corte IDH sobre el genocidio era “un avance en la búsqueda de la justicia y la verdad”.
“Es muy importante, porque cuando un Estado prácticamente es sancionado por una organización internacional tiene que reaccionar y lo tiene que hacer de muchas formas: primero, cumpliendo lo que dice el fallo, y segundo, evitando que sigan asesinando gente, porque ya no solamente es la Unión Patriótica, sino también evitando el crimen de los líderes sociales y los desmovilizados que, en mi modesto criterio, son otros dos genocidios que se han hecho”, señaló Avella.
El Partido Comunista dijo que los casos fueron más de 4.000 personas asesinadas, y advierten que “los números reales de las víctimas reconocidas en la sentencia de la Corte IDH se elevan a 6.000, en los que se contemplan homicidio, desplazamiento forzado, exilio, desaparición forzada, tortura, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Estado”.