La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, y otras tres personas, por presuntas irregularidades en la liquidación del contrato firmado para la construcción del coliseo José Eustasio Rivera, en el municipio de Saravena, en hechos ocurridos en su anterior mandato (2012-2015).
Los también cobijados por el pliego de cargos son el exsecretario de Educación del departamento, Temístocles Perea Pedroza; el supervisor del contrato, Óscar Iván Díaz Rodríguez, y la representante de la firma interventora Inar Group Ltda., Ligia Inés Ramírez Rodríguez.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, aparentemente se habría suscrito el acta de liquidación bilateral y ordenado el pago del saldo final del contrato, sin que los trabajos se hubiesen ejecutado en su totalidad.
Además, al parecer no se ejerció el debido seguimiento al desarrollo de la obra, la cual fue recibida a satisfacción sin que fuera terminada de acuerdo con las condiciones fijadas en el contrato.
Para el órgano de control, con la conducta de los funcionarios se habrían vulnerado los principios que rigen la contratación estatal. Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta del gobernador Castillo Cisneros como una falta gravísima cometida a título de culpa grave.
Recientemente, Castillo Cisneros fue capturado. La Fiscalía argumentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá la necesidad de enviar a una cárcel al gobernador de Arauca. La solicitud la hizo el fiscal del caso al insistir que el mandatario es un riesgo para el proceso y, principalmente, contra su propia comunidad.
La Fiscalía dijo que los hechos investigados son muy graves y los mismos dejaron a la comunidad a merced de la guerrilla, pues si la administración departamental estaba al servicio de ese grupo criminal, con la entrega de contratos, tal situación puso en riesgo la seguridad pública.
“Son conductas eminentemente dolosas, sin ningún respeto a la moral y sin escatimar esfuerzos económicos. La forma en la que actuó el gobernador es una violación directa a las normas de la contratación pública. Afectó la seguridad donde la comunidad está totalmente vulnerada, donde la presencia de esta estructura criminal está al servicio de José Facundo Castillo Cisneros, y cualquier acto que ellos hagan en contra de sus intereses va a afectar su seguridad”, explicó el fiscal en la solicitud o petición de enviar a la cárcel al gobernador.