“La información que se tiene es que es un grupo delincuente organizado denominado Los Palmeños; hicieron este secuestro no solamente del registrador Jefferson Murillo, sino también de un funcionario del Sena de la regional de Chocó”, dijo el alto mando militar.
Agregó: “El interés es, de manera conjunta, de manera coordinada con las demás autoridades, lograr el rescate o la liberación de estas dos personas”.
Así mismo, indicó que se está investigando si el ELN está detrás del plagio. “Están haciendo las averiguaciones con las autoridades competentes, con la Fiscalía, para determinar si el ELN está o no detrás de este secuestro”, dijo el general Giraldo.
El registrador de Chocó fue secuestrado el pasado 6 de enero mientras se movilizaba por una vía del departamento que comunica a Quibdó con Istmina, justamente la jurisdicción que tiene por encargo como autoridad electoral en el departamento.
Durante una semana no se tuvo conocimiento de las circunstancias de su secuestro, hasta que algunas informaciones permitieron avanzar en el proceso. La Policía y las autoridades civiles en el departamento de Chocó ofrecieron una recompensa para agilizar el hallazgo de elementos de prueba y, por supuesto, lograr su liberación.
Desde el día del secuestro, la Procuraduría Nacional de la Nación se unió al llamado de distintas autoridades para exigir la “inmediata liberación del registrador departamental”, además de reprochar las actuaciones criminales de los grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento de Chocó.
“La Procuraduría General requiere al Gobierno nacional para que despliegue todo su accionar militar que permita dar con el paradero del funcionario y de todos los secuestrados”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.
Algunas fuentes de inteligencia del Estado le contaron a SEMANA que en la zona donde ocurrió el secuestro delinque la estructura Manuel Hernández del ELN y algunas estructuras del Clan del Golfo. Detalles que indicarían de alguna manera cómo el grupo criminal de Los Palmeños fue el encargado del secuestro y de llevar a las víctimas a integrantes del Ejército de Liberación Nacional.
También la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reiteró su “condena al secuestro y la obligación que tienen los organismos de seguridad y justicia de prevenir y perseguir a los autores de este tipo de prácticas, independientemente del nivel de negociaciones o conversaciones que tengan”.
Se espera que con la información recuperada por las autoridades la recompensa que se ofreció y los detalles que se conocieron en cuestión de horas se logre la liberación o el rescate del registrador del departamento de Chocó y el funcionario del Sena.