Este jueves, la Procuraduría General fijó las pruebas documentales y testimoniales que tendrá en cuenta en el proceso disciplinario que se adelanta contra el suspendido canciller Álvaro Leyva Durán por las irregularidades que se presentaron en el proceso de licitación para la entrega del millonario contrato que tenía como fin la expedición de los pasaportes.
Entre las principales pruebas se encuentra la declaración de la exdirectora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Martha Lucía Zamora, quien fue una de las primeras en denunciar las irregularidades que se presentaron en la celebración de este contrato así como los graves riesgos que existían tras declarar desierta la primera etapa de licitación.
“Hubo una instrucción, una directriz, una recomendación por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de la cual se ha hecho mención en el pliego de cargos, por eso se va a convocar a pesar de no ser miembro del comité de conciliación a la doctora Martha Lucía Zamora para que se amplíe la declaración que dio el 6 de diciembre de 2023 en la investigación disciplinaria”, explicó el procurador.
En este caso hizo la salvedad que este testimonio se hace necesario para que se amplíe el tema de las recomendaciones que se hicieron desde la Agencia Nacional en medio del proceso de conciliación y a todos aquellos que participaron en este proceso.
El procurador del caso le dio además un plazo de cinco días al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Jurídica del Estado para que envíe las pruebas documentales reseñadas, entre estos, el Manual de Funciones, las actas del proceso de licitación y la conciliación que se adelantó.
De no enviarse las pruebas la Procuraduría General realizará la inspección disciplinaria a las sedes de estas dos entidades para obtener toda la evidencia. “¿Qué es lo que se quiere? Todo el trámite administrativo, si existió un expediente, si de todos esos documentos existió una incidencia en las recomendaciones que hizo la Agencia Jurídica del Estado al Ministerio de Relaciones Exteriores, Fondo Rotatorio”.
Igualmente, se citó a declarar al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, quien hizo parte del comité de conciliación de la Cancillería en medio de la demanda presentada por la multinacional Thomas Greg and Sons que reclamaba por los daños y perjuicios causados con la posición del Ministerio.
Para conocer más de la demanda de la multinacional fue citado a declarar el abogado Juan Pablo Estrada, quien solamente deberá declarar sobre los motivos de la acción judicial radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El juicio disciplinario contra Leyva, quien ya manifestó que no estará presente en el proceso, iniciará con la práctica de pruebas el martes 23 de abril a partir de las 2 de la tarde.
En el pliego de cargos formulado el pasado 27 de enero se señala que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas, cometidas a título de dolo, es decir, con conocimiento.
La primera tiene relación con la decisión de declarar desierta la Licitación 001 de 2023, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, el organismo de control disciplinario llamó a juicio al ministro por, supuestamente, decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.