La Policía de Bogotá reportó una fuga de 26 presos de la Estación de Policía de la Macarena, ubicada en la localidad de Santa Fe en la mañana de este martes 9 de agosto.

Los hechos ocurrieron sobre las 5:30 a. m. cuando, en medio de un motín, los presos lograron escapar mientras los vecinos del sector aseguraron que salieron corriendo con esposas en sus manos.

Las autoridades activaron un plan para lograr la recaptura de los presos y, con el uso del helicóptero Halcón se recapturan 11 de ellos, mientras al menos 15 siguen prófugos.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, unos barrotes de seguridad estaban desgastados y eso habría sido aprovechado por los capturados para lograr escapar.

De acuerdo con el general Camacho, el problema de hacinamiento se ha convertido en una de las grandes causas para que se presenten este tipo de fugas. “Con el Distrito se han tratado de hacer algunas adecuaciones para estos espacios que no estaban destinadas para sindicados y condenados, sin embargo, cada vez que tienen la oportunidad de fugarse lo hacen. En este caso, los barrotes estaban desgastados y fue por allí que lograron escapar”.

El general también aseguró que ya se encuentran en el proceso de recaptura y en la búsqueda de los prófugos para evitar que sigan cometiendo delitos en la ciudad.

Igualmente, aseguró que están investigando sobre el uso de un arma con un silenciador con la que intimidaron a los custodios y que luego arrancaron varillas que tienen puntas cortopunzantes, pero es algo que se está investigando.

De hecho, el secretario de seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, manifestó que ya se vienen construyendo nuevas URI en Tunjuelito y Campo Verde, además, se está trabajando con el Inpec para trasladar a algunos presos y también se está trabajando con la policía para adecuar los centros de reclusión y mejorar las condiciones de hacinamiento de los presos.

“El Ministerio de Justicia no se ha pronunciado”: alcaldes sobre hacinamiento carcelario

Lo sucedido hace 15 días en el centro penitenciario de Tuluá, Valle del Cauca, donde murieron 51 presos tras un incendio que se presentó al interior del penal, puso de manifiesto el hacinamiento carcelario en el país y las difíciles condiciones en las que viven miles de detenidos.

De acuerdo con cifras del Inpec, el sobrecupo en las cárceles es del 20,2 % y en las estaciones de policía y URI llega al 174 %.

Pero también quedó en evidencia la dura fractura que hay entre el Ministerio de Justicia y los alcaldes del país frente a este tema. Los mandatarios locales le endilgan al Gobierno la responsabilidad por el hacinamiento carcelario que se vive en el país, mientras que la cartera de justicia les ‘bota la pelota’ a los gobernadores y alcaldes.

Este jueves, en entrevista con El Tiempo, el ministro de Justicia, Wison Ruiz, dijo que buena parte del hacinamiento se debe a que “alcaldes y gobernadores no cumplen con los cupos carcelarios”.

Esta declaración, como era de esperarse, no cayó bien en los mandatarios locales, quienes respondieron a través de la Asociación de Ciudades Capitales (Asocapitales).

“La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales reitera que los alcaldes y alcaldesas de las ciudades capitales colombianas sí hemos venido trabajando en la búsqueda de una solución concreta frente al hacinamiento carcelario durante la administración de la actual cartera de Justicia”, indica un comunicado de Asocapitales.

El pronunciamiento de los alcaldes agrega que mediante la Ley de seguridad ciudadana -sancionada en enero- se instó al Ministerio de Justicia, en coordinación con los gremios de las entidades territoriales, a radicar una iniciativa para solucionar la problemática de hacinamiento que debió presentarse al Congreso de la República el pasado 28 de mayo sin que esto hubiera ocurrido.

“A la fecha la cartera de Justicia no se ha pronunciado frente a este tema en concreto”, indica la declaración de los alcaldes.

El texto agrega que las acciones y decisiones tomadas por el Ministerio de Justicia “terminaron trasladando esta crisis a las estaciones de Policía y URI del país, donde hoy se hace evidente una preocupante sobrepoblación”.

“El pasado 28 de junio, hicimos nuevamente un llamado al Ministerio de Justicia para avanzar en un texto conjunto. A la fecha, no hemos obtenido respuesta a esta crisis que debemos enfrentar entre todos de manera coordinada”, concluye el comunicado.

Mientras el Ministerio de Justicia tira la pelota a los alcaldes y los alcaldes se la devuelven al Ministerio de Justicia, la realidad es que las cárceles y las estaciones se encuentran cada vez más hacinadas sin que se vea una pronta solución a la vista.