Una nueva masacre se registró en el país en la mañana de este domingo, 3 de marzo. Los hechos materia de investigación se registraron en Quibdó, en el departamento de Chocó, en donde cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas.
De acuerdo con información de la Policía Nacional, las primeras hipótesis señalan que la masacre se registró por disputas entre organizaciones criminales, que tienen atemorizada a la población.
El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de Policía Chocó, reveló detalles de la masacre y señaló que el suceso se presentó sobre las 10:30 de este domingo en el barrio Las Palmas, del municipio de Quibdó.
“Al llegar al lugar, nos encontramos con cuatro cuerpos sin vida, tres más se encuentran en establecimiento médico recibiendo los primeros auxilios, de los cuales uno se encuentra en estado reservado de salud”, sostuvo el oficial.
Y agregó: “Este hecho obedece a disputas internas de las organizaciones delincuenciales y las labores iniciales de información recolectadas”.
De acuerdo con la Policía, están tras la lista de tres posibles sospechosos: alias El Gordo, alias Pumpi y alias Diomedes, “a los cuales se pide a la comunidad en general que nos ayude con la ubicación para llevarlos a buen recado de las autoridades competentes a establecer su identificación”, expresó el coronel.
105 homicidios de defensores, 98 masacres y 53 casos de violencia de género en 2023, esta es la radiografía de la ONU
En el marco de la presentación del informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el alto comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, destacó la “valentía” y “resiliencia” de los líderes y lideresas de derechos humanos en diferentes regiones del país. Türk resaltó la importancia de escuchar y dialogar con ellos para fortalecer la llegada del Estado a las comunidades, la gobernabilidad y la paz territorial.
El informe, resultado del trabajo de monitoreo y acompañamiento de ONU Derechos Humanos durante 2023, será presentado oficialmente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, el próximo 4 de marzo.
Las cifras que dejó 2023 son alarmantes, según el informe, con la expansión territorial y las estrategias violentas de control social de grupos armados ilegales, con graves consecuencias para los derechos humanos. Türk destacó la vulnerabilidad y riesgo de los procesos organizativos de base, afectados por la violencia y la amenaza de estos grupos.
En cuanto a cifras, el informe verificó 105 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos en 2023, con un vínculo entre su muerte y su labor en defensa de los derechos humanos. Se registraron también 98 masacres, con 320 víctimas, y 53 casos de violencia basada en género.
“De los casos verificados, 14 eran mujeres; 87, hombres; una, persona no-binaria; dos, hombres gais, y una mujer transexual. Aunque en relación con 2022 se registró una disminución del 9,5 % en homicidios de personas defensoras verificados, la violencia contra ellas siguió siendo absolutamente intolerable. Sigue siendo la cifra más alta del mundo”, detalló Türk.
Según el informe, con 25 casos verificados, el Cauca es el departamento con el mayor nivel de violencia contra defensores, seguido de Nariño (14), Valle del Cauca (10), Putumayo (9), Norte de Santander (6) y Arauca (6). Puerto Asís fue el municipio con el mayor número de casos con cinco, le siguieron Caldono, Tame y Tumaco con cuatro cada uno. Diversos grupos armados no estatales serían los presuntos responsables del 74 % de los homicidios verificados.
La Oficina recibió denuncias sobre 763 casos de amenazas y otras afectaciones a los derechos humanos de personas defensoras, lo cual constituye solo una muestra del universo de casos en todo el país.
“Uno de los principales patrones identificados por la Oficina es que las personas defensoras son asesinadas cuando alzan su voz o se convierten en un obstáculo ante las dinámicas de control social que ejercen los actores armados no estatales en los territorios. Los homicidios también buscan desarticular los procesos sociales de defensa de derechos humanos y generar temor entre las comunidades”, determinó la ONU.