La ministra de Educación, Aurora Vergara, firmó la resolución 017823 con fecha del 2 de octubre, las cual abre investigación a Mauricio Molinares, rector de la Universidad Autónoma del Caribe, directivos, exrectores, administradores, y revisores fiscales de la universidad.
La resolución expresa que de acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 11 de la Ley 1740 de 2014, a través de la resolución No. 01962 del 12 de febrero del 2018. “Impuso medidas preventivas y de vigilancia a la Universidad Autónoma del Caribe con el fin de superar situaciones que afectaban la presentación del servicio público de educación superior”.
Así mismo, señala que“esta cartera ministerial determino la adopción de la medida de vigilancia especial establecida en el artículo referido (1740) correspondiente a la designación de un inspector in situ con el propósito de vigilar permanentemente la gestión administrativa, financiera, junto con las condiciones de continuidad y calidad que motivaron la imposición de medidas”.
¿Cuáles serán las funciones del inspector?
De acuerdo a lo establecido en dicha resolución, el inspector deberá entregar al Ministerio de Educación informes periódicos o los específicos que se le soliciten.
No obstante, en el texto se indica que “la inspectora in situ designada por el Ministerio de Educación Nacional en la Universidad Autónoma del Caribe, con base a la facultad mencionada, suscribió los radicados identificados con número 2022-EE 289163 del 28 de noviembre del 2022, 2023-EE-049169 del 2 de marzo del 2023, en los cuales hace constar la realización del informe de resultado de las actividades llevadas a cabo en la mencionada institución educativa superior durante la vigencia 2022 dentro de los cuales se efectuó seguimiento al componente de contratación”.
De ese informe, de acuerdo a la resolución se pudo determinar que al interior de la Universidad Autónoma de Caribe, las dependencias de control interno de esta evidenciaron presuntas irregularidades en lo referente a la gestión y adquisición de bienes y contratación de servicios en la institución.
Además, señala que se estableció el presunto incumplimiento frente al seguimiento y correcta supervisión bajo las formalidades establecidas en la norma interna de la institución para los contratos suscritos durante las vigencias de 2021 y 2022.
El texto deja claro que se hizo constar en la visita realizada el pasado 13 de junio de 2022 por parte del equipo de inspección in situ del Ministerio la revisión de 44 contratos de prestación de servicios suscritos por la Universidad, en donde se observaron presuntas irregularidades en la ejecución contractual de algunos de ellos, situación que pude haber afectado la correcta conservación de las rentas de la institución.
Ante esto, explican que debido a la situación se estableció a partir de circunstancias tales como:
- La posible contratación de personas naturales para la prestación de servicios profesionales, cuando en la plata de la institución se contaba con personal suficiente para la realización de dichas funciones.
- La suscripción de dos contratos de prestación de servicios determinados a la publicidad y propaganda a través de las emisoras de la Organización Radial Olímpica
- La contratación de Evotech Limitada por un valor de 354.000.000
- La presunta inobservancia a los dispuestos en el Manual Guia de Contratación para la Adquisición de Bienes y Servicios.
Con base a lo anterior, el texto, deja claro que se dispone a “ordenar la apertura de investigación administrativa preliminar a la Universidad Autónoma del Caribe, al representante legal, rector, ex rectores, administradores, directivos, revisores fiscales o cualquier persona que ejerza o haya ejercido la administración y control de la institución con el fin de verificar posibles infracciones a las normas de educación superior”.
¿Quién será el inspector asignado?
Es inspector asignado para esta investigación por parte del Ministerio de Educación es Harold Mauricio Cárdenas Moreno, profesional especializado en la subdirección de inspección y vigilancia del Ministerio, “quien se encuentra facultado para instruir la presente actuación dentro del marco de las competencias establecidas en la Ley”.