Tras la publicación de un mico que atentaba contra la libertad de expresión, el gobierno de Gustavo Petro- a través del ministerio de Justicia- anunció que retira el polémico artículo. En este se exigía a los medios de comunicación promover temas de la Paz Total y se permitía al gobierno revisar esos contenidos.

El tema lo reveló Darcy Quinn en su sección radical de la mañana en la F.M. Según la periodista, el viceministro de Justicia, Camilo Umaña, lideraba una “reforma enorme” en la política criminal del país, que iba mucho más allá de la paz total.

En esta propuesta estaba contemplado este artículo:

ARTÍCULO 167-A. ESTRATEGIA DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA SOBRE LA POLÍTICA CRIMINAL EN PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN. A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, la prensa escrita, las estaciones de radiodifusión sonora y los programadores de televisión que operen en el país deberán adelantar campañas destinadas a generar un cambio en la conciencia ciudadana sobre la humanización de la política criminal, la creación de oportunidades y la potencialidad de la justicia restaurativa. Los contenidos podrán ser elaborados directamente por el correspondiente medio de comunicación, pero para su difusión deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo Superior de Política Criminal. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se cerciorará de la difusión de los contenidos mencionados a través de medios virtuales masivos.

Este artículo se pensaba incluir en la Ley 65 de 1993. “Esto es claramente atentar contra la libertad de prensa”, señaló la periodista. A su juicio, se estaría obligando a los medios a crear unos contenidos específicos que serán vigilados por el Ministerio de las TICs y el Consejo de Política Criminal. “Es meterse al rancho totalmente. Obligar a los medios a hacer unos contenidos que le convienen al gobierno. No darnos la posibilidad de disentir y de cuestionar”, agregó.

“Es la afrenta más grande a la libertad de expresión que ha tenido la historia de Colombia. Es un proyecto de ley que se tiene que acabar. Ese artículo no puede ni siquiera ser discutido. Nunca había visto tanta intención para acabar con la libertad de prensa en Colombia. Tan solo pensar que se tiene que crear contenido que debe ser aprobado por el gobierno para sacarlo al aire es una afrenta absoluta, determinante, concluyente para la democracia colombiana”, aseguró el director de la FM, Luis Carlos Vélez. Agregó que en Venezuela también aprobaron un “articulito” como este. “Así empieza”, dijo. Señaló que es el mismo libreto que ha vivido Ecuador y otros países.

El corresponsal de la FM en Venezuela explicó que en su país existió una “ley resorte” que con el pretexto de la “responsabilidad social de los medios”, el gobierno de Chávez impuso penas de prisión y la salida de los medios del aire, cuando no están de acuerdo con sus políticas.

“Ni siquiera a Gustavo Rojas Pinilla que tuvo censura de prensa, se le ocurrió una obligación como esta. Es tan brutal, tan bárbaro, tan salido de toda proporción jurídica que uno se niega a creer que el ministro Néstor Osuna le ponga la firma. No aguanta la más mínima revisión de la Corte Constitucional”, explicó Juan Lozano. “Es monstruoso, tiránico, una verdadera barbaridad”, agregó.

“Colombia siempre ha sido un país donde no se mete con las directrices de los medios. Esto recuerda la superintendencia de comunicación, de Rafael Correa, que creó un estatuto para vigilar los contenidos y alertar si se criticaba al gobierno de Rafael Correa”, recordó el director de La República, Fernando Quijano. Según él, en el país nunca se ha presentado una iniciativa como esta que atenta contra la libertad de expresión y también contra la libertad de empresa.

Según Darcy, en septiembre la presidencia del Congreso junto al equipo de la oficina del alto comisionado presentó una propuesta técnica en relación con el tema de sometimiento de bandas criminales. Dicha propuesta tenía varias líneas rojas.

Que fuera un procedimiento judicial NO transicional.

Que fueran un procedimiento de sometimiento a la justicia, sin estatus político.

Que existiera un cumplimiento de penas efectivas carcelarias.

Que se hiciera uso de las normas que ya existen, incluyendo las de extinción de dominio.

Un sistema de beneficios en la ejecución de la pena, que si se presentaba un incumplimiento o una reincidencia la pena se ejecutaba en su totalidad y se suspendían beneficios.

Una reforma que implicara racionalizar las penas para todos los presos, pues no era justo entregar beneficios a grandes capos dedicados al narcotráfico y que pequeños expendedores pagaran penas más severas.

Una reforma que permitiera enfrentar el estado de cosas inconstitucionales en materia penitenciaria, pero en todo caso que no fuera un jubileo, pero que permitiera que, en la ejecución de la pena, los presos que se portaran bien pudieran acceder a beneficios.

La periodista agregó que durante todo octubre esa propuesta fue discutida con la Fiscalía, y otras instituciones, se le hicieron algunos ajustes, pero en lo fundamental se conservaba la esencia de la propuesta presentada. Sin embargo, el viceministro Camilo Umaña tiene, según Darcy Quinn, otra propuesta más ambiciosa que tiene artículos de ese calado.

Tras la revelación de la periodista de Darcy Quinn, el vice ministerio de Justicia retiró la iniciativa.