Un no tajante emitió este miércoles un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla frente a la solicitud de libertad presentada por el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien fue designado como “gestor de paz” por el gobierno de Gustavo Petro.
En la resolución de la petición, el magistrado advirtió que en el decreto por medio del cual se designó a Mancuso existen muchos vacíos sobre sus funciones, que raya en lo abstracto y no da claridad sobre lo que realizaría. “Por poco se asemejan a las funciones que desempeña el alto comisionado para la paz”.
“No encuentra la Sala qué papel concreto desempeñaría el procesado -en referencia a Mancuso- en las mesas técnicas. Es más, no se sabe cuáles son las mesas, quién las integraría, dónde operarían, por cuánto tiempo sesionarían”, aseveró el magistrado al analizar punto por punto los detalles del decreto firmado por el presidente Gustavo Petro.
Para el Tribunal, como está redactado el decreto, se abre la puerta para amnistías e indultos. “Contrario a lo que plantean la Fiscalía y los apoderados de víctimas, la Sala determina que la resolución presidencial 244 del 14 de agosto de 2023 tiene serios vicios que la hacen incompatible con la Constitución Política al pretender una excarcelación abierta e ilimitada para un postulado de los beneficios de Justicia y Paz”.
Tras revisar el Sistema de Gestión Judicial (Samai), la Sala encontró que solamente en Justicia y Paz de Barranquilla se le han atribuido a Mancuso Gómez “responsabilidades por 34.002 crímenes de lesa humanidad y de guerra”.
“Por esto, se inaplicará en el caso concreto al acto administrativo y se denegará la libertad excepcional postulada por el presidente de la República a favor de Salvatore Mancuso Gómez”, sentenció el magistrado.
En el extenso análisis, el magistrado puso de presente que el mismo Mancuso aseguró que ya estaba teniendo contacto con grupos al margen de la ley que lo buscaron para que fuera su vocero ante el Gobierno, situación que a su juicio va en contravía total de lo mencionado en el respectivo decreto.
Desde el pasado 27 de febrero, el excomandante paramilitar se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá. El próximo viernes tiene pendiente una nueva audiencia en la que se definirá su solicitud de levantar la medida de aseguramiento que existe en su contra por un centenar de actos delictivos.
Mancuso defiende su papel como “gestor de paz”
El pasado 6 de marzo, el excomandante paramilitar defendió su nombramiento como “gestor de paz” por el gobierno de Gustavo Petro. “Es un mensaje contundente que el Estado cumple cuando empeña su palabra a los actores que están comprometidos con la paz y la reconciliación nacional”.
El excomandante paramilitar aseguró que, como ocurrió en un pasado, su labor buscará el desarme y la desmovilización de estructuras armadas ilegales en “departamentos que ahora están siendo golpeados por estructuras ilegales de alto impacto”.
Muchas estructuras conformadas por exparamilitares han contactado a la Oficina del Alto Comisionado de Paz -según Mancuso- para que se les facilite un vocero con el fin de lograr negociaciones. “Agradecen cualquier gestión para reactivar esos diálogos entre ellos y el Gobierno nacional para que no sigan produciéndose víctimas en las zonas que ellos tienen dominio y control territorial. Eso significa control político, social y de las economías lícitas e ilícitas, los que lo convierte indiscutiblemente en un actor político, lo queramos o no”.
“No es algo traído de los cabellos que se inventó el señor presidente de la República. Está reconociendo la experiencia y el conocimiento, la ascendencia que tuve sobre estos grupos armados”, precisó Mancuso, quien se encuentra actualmente privado de su libertad en la cárcel La Picota, de Bogotá.
“El Gobierno nacional no me ha ha nombrado ni vocero ni miembro representante de un grupo rearmado posterior a la desmovilización de las Autodefensas”, agregó el excomandante de las AUC al enfatizar sus funciones como gestor de paz. “El señor presidente, investido por la ley, ha solicitado el 14 de agosto de 2023″.
Mancuso aseguró que una de las peticiones que le hizo el Gobierno al designarlo como gestor de paz fue cerrar todo el tema de la desmovilización de las estructuras paramilitares. “Me ha pedido que cerremos Realito, que revisemos los incumplimientos que tuvieron los gobiernos pasados en la medida que la palabra del Estado debe cumplirse”.
“El presidente nos ha pedido aclarar qué pasó con los bienes entregados a Justicia y Paz; yo me pregunto lo mismo, pues muchos de ellos fueron devueltos a narcotraficantes”, reseñó. Recordó que un bien que él entregó de un narcotraficante se lo devolvieron a su esposa pese a que quedó claro que fue adquirido de forma ilegal.
En su intervención aseguró que no se puede desconocer esta realidad en los territorios y que permite ver que la misma sociedad no tiene una opción diferente a buscar a estos grupos armados “para pedirles soluciones”. Por esto, Mancuso manifestó que cuenta con la experiencia para tratar estos temas y buscar un desmonte de estos grupos.
Finalmente, aseguró que desde el primer minuto de su designación, el presidente les pidió a las autoridades de justicia restaurativa que definieran la situación jurídica de Mancuso Gómez, verificando si existía la posibilidad para que se suspendieran las medidas de aseguramiento vigentes para el cumplimiento de sus funciones.