Dos horas duró la sesión programada en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para votar por la terna para el cargo de fiscal general de la Nación. Una fuente cercana a SEMANA señaló que el cronograma fijado cambió por la posesión de Gerardo Barbosa Castillo como nuevo magistrado de la Sala de Casación Penal.
Con la posesión en firme de Barbosa, que se realizará el próximo 12 de diciembre, se espera llegar a 23 magistrados en la Sala Plena con el fin de que participen en la votación para la elección de nuevo Fiscal General de la Nación.
En la Sala Plena de este jueves se tomó la decisión de reprogramar la respectiva votación el próximo 25 de enero, la que sería la primera del 2024. Sin embargo, lo más probable es que el cronograma cambie nuevamente para esa sesión, pues se empezaría a debatir la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Para la elección del reemplazo de Francisco Barbosa Delgado como Fiscal General de la Nación —y cuyo periodo institucional va hasta el 13 de febrero— son necesarios 16 votos. La misma fuente confirmó que se espera tener un cuórum amplio para realizar la respectiva votación y contar con todos los magistrados en la sesión.
Para reprogramar la votación se tuvo en cuenta, además, el hecho de que Fernando Jiménez Valderrama se posesionó apenas el pasado martes como nuevo magistrado de la Sala de Casación Civil.
Barbosa Castillo y Jiménez Valderrama no estuvieron en la Sala en la del pasado 23 de noviembre, en la que las ternadas presentaron sus propuestas de llegar a la Fiscalía General para el período 2024-2028.
Fuentes cercanas indicaron que en la sesión reservada que se llevó a cabo desde las 9:00 de la mañana de este jueves en la sala ubicada en el tercer piso de la Corte Suprema de Justicia, en el Palacio de Justicia, se revisó si existían impedimentos o inhabilidades para realizar la respectiva votación.
Por el momento, ninguna de las ternadas cuenta con una mayoría marcada, como sí ocurrió en ocasiones anteriores, por lo que no se descarta que las votaciones se extiendan varias semanas.
De no llegar a una elección para el próximo 12 de febrero, Martha Janeth Mancera, actual vicefiscal, asumiría como Fiscal General encargada, mientras que Gabriel Jaimes Durán, jefe de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, llegaría a ser el vicefiscal encargado.
Las ternadas
El pasado 26 de septiembre, de manera sorpresiva, el presidente Gustavo Petro, de manera presencial, radicó ante la Corte Suprema de Justicia.
En la misma se sacaba a la exfiscal Amparo Cerón —recordada por liderar las primeras investigaciones por el escándalo de Odebrecht en Colombia— y ternó a Luz Adriana Camargo Garzón, muy cercana al ministro de Defensa, Iván Velásquez, pues trabajó con él en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Por su parte, Ángela María Buitrago destrabó después de dos décadas el expediente por los desaparecidos del Palacio de Justicia y radicó en el 2008 la resolución de acusación en contra de los generales Jesús Armando Arias Cabrales e Iván Ramírez Quintero, así como los coroneles Luis Alfonso Plazas Vega y Edilberto Sánchez Rubiano, por el delito de desaparición forzada agravada.
Igualmente, fue la encargada de presentar en juicio ante la Corte Suprema de Justicia al exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Jorge Noguera Cotes, por el crimen del profesor, sociólogo y defensor de los Derechos Humanos, Alfredo Correa D’Andreis, registrado el 17 de septiembre de 2004, en Barranquilla, por los paramilitares.
Noguera Cotes fue acusado por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado.
Del despacho de Buitrago ―quien era fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia― también salió la resolución de acusación contra el exdirector de Fiscalías de Medellín Guillermo León Valencia Cossio, hermano del exministro Fabio Valencia Cossio, por el delito de prevaricato por acción al haber borrado a alias El Indio del organigrama de la banda delictiva que comandaba alias Don Mario.
En septiembre de 2010 salió de la Fiscalía General tras una resolución firmada por el entones fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, que argumentó demoras en la resolución de las investigaciones que estaban en su conocimiento.
La lista de ternadas la completa Amelia Pérez Parra. Desde su despacho en la Unidad de Derechos Humanos se adelantó la investigación por las masacres de Trujillo, El Aro y Mapiripán, ejecutadas por paramilitares con el apoyo de agentes de la fuerza pública en la década de los noventa.
Esto llevó a que desde las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se le pusiera un precio a su cabeza, por la cual empezó a recibir amenazas directas de Carlos Castaño Gil.
Igualmente, lideró la investigación por la desaparición de Nydia Érika Bautista, socióloga y militante del M-19, quien fue secuestrada, torturada, abusada sexualmente y desaparecida por militares adscritos al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano del Ejército Nacional, en agosto de 1987.
En el año 2003 le asignaron la investigación por el atentado terrorista ejecutado por la columna móvil Teófilo Forero de la guerrilla de las Farc en el exclusivo Club El Nogal, en el norte de Bogotá. Sin embargo, en abril de ese mismo año fue relevada del caso y salió de la Fiscalía General. Por las constantes amenazas y el riesgo latente para su vida, buscó exilio en Canadá.
En abril de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección.