Carlos Mattos, el corrupto empresario, que negó los cargos en un entramado de corrupción en la justicia y luego aceptó su responsabilidad, acaba de recibir su segunda condena. Un juez de Bogotá lo halló responsable del delito de cohecho, ofrecerle dinero a funcionarios públicos, en este caso a una juez.

Se trata de la juez Ligia del Carmen Hernández, la funcionaria judicial que reconoció recibir de Carlos Mattos 200 millones de pesos para tomar una decisión en favor del corrupto empresario. Ella aceptó responsabilidad y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para convertirse en testigo del ente acusador, justamente en contra del Mattos.

La nueva condena contra el empresario se fijó en cinco años y 10 meses de cárcel y se suma a la que hace un mes impuso por nueve años como responsable de otro soborno, al juez Reinaldo Huertas, con quien arrancó el escándalo conocido como el caso Hyundai. Al menos 700 millones de pesos recibió el juez para beneficiar a Mattos en los procesos que estaban en su despacho.

Sin embargo, y tras conocer la primera condena, Mattos apeló la decisión y el Tribunal de Bogotá la anuló, pero no como beneficio al empresario, sino para llamar la atención al juez de primera instancia y la Fiscalía porque, en su criterio, se quedaron cortos a la hora de fijar los años de cárcel, inferiores al daño causado a la justicia.

“La Sala comparte el criterio expresado por el delegado del Ministerio Público cuando señaló que no basta que el delegado de la FGN o la defensa del procesado manifiesten que no existe evidencia de un incremento patrimonial producto de los ilícitos, sin que el órgano investigador haya realizado algún acto investigativo con esa finalidad”, dijo el magistrado del Tribunal al anular la condena.

Así las cosas, la única condena que tiene vigente es la que acaba de recibir, cinco años y 10 meses de cárcel por los sobornos a la jueza Hernández. El Tribunal devolvió las actuaciones al juzgado de la primera condena para hacer las correcciones y fijar nuevamente los años que tendría que pasar en prisión.

Carlos Mattos fue extraditado desde España, país donde permanecía mientras en Colombia se adelantaba el proceso en su contra, su ausencia se entendió como una intención clara de evadir a la justicia y se ordenó su captura, luego la extradición que aprobó la Audiencia Nacional de España.

Durante todo su proceso, por más de cinco años, Mattos insistió en su inocencia, en que nada tenía que ver con los sobornos, los mismos que dejaron una docena de personas en la cárcel, algunos condenados y confesos, muchos funcionarios de la rama judicial y hasta abogados. Luego de su extradición, Mattos dijo que estaba dispuesto a aceptar responsabilidad y llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que se firmó.

El acuerdo terminó en la basura después de nuevos actos de corrupción y cuando descubrieron a Mattos de paseo por las calles de Bogotá en carros y con funcionarios del Inpec a su servicio. El empresario prometió una indemnización a la justicia, que tampoco se cumplió por cuenta del fallido acuerdo con la Fiscalía.