En los Juzgados de Paloquemao, un juez de control de garantías, este sábado 31 de agosto, tomó la determinación de dictar medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra del exdirector de la UNRGD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla.
De acuerdo con la disposición del juez, los exfuncionarios implicados en el escándalo de corrupción serán recluidos en una guarnición militar, lo cual había sido solicitado en una pasada audiencia por la Fiscalía. Ambos serán llevados al Batallón Caldas.
En el caso de Luis Eduardo López, quien según las investigaciones, gestionó todo para quedarse con el contrato de los cuarenta carrotanques, por más de 46.000 millones, con sobrecostos y manipulación del proceso contractual, la medida de aseguramiento será en la Escuela de Carabineros.
Cabe señalar que, en una audiencia previa, la Fiscalía realizó la imputación de cargos en contra de los funcionarios y el contratista advirtiendo que todos integraron una “empresa criminal” que nació en la UNGRD y que se apoyó con altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Pedro, todo con el ánimo de direccionar los contratos y elegir a dedo a los contratistas.
“Otros servidores públicos y contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y otros particulares, entre los cuales tenemos al señor Luis Eduardo López Rosero, empresario, contratista, representante legal de la empresa Luquet S.A.S, y que, por interpuesta persona, dirigía y controlaba materialmente más de 30 empresas”, dijo en su momento el ente acusador.
Entre los salpicados aparece el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de quien, según la Fiscalía, se logró establecer su presunta responsabilidad en la coordinación de los contratos que salían de la entidad y los contratistas que se ganaban los millonarios proyectos.
“Usted, señor Olmedo, coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda; María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos para los municipios de Cotorra, Córdoba; Saravena, Arauca y Carmen de Bolívar, Bolívar. En los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la República”, indicó la Fiscalía.
Durante la imputación de cargos también apareció el nombre de Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia y también de la Dirección Nacional de Inteligencia. Según la Fiscalía, el direccionamiento de los contratos y la entrega de sobornos, fueron instrucciones de este alto funcionario y amigo del presidente Gustavo Petro.
“La entrega de 1.000 millones de pesos directamente al presidente de la Cámara, Andrés David Calle, conforme con las instrucciones que le dio Carlos Ramón González, quien para ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)”, dijo la fiscal en la imputación.
La defensa de Olmedo López señaló: “El señor Olmedo López ha expresado, no solamente a este despacho, sino a cualquier escenario judicial, su arrepentimiento. Ha pedido perdón en los hechos de corrupción que participó, incluso por haber traicionado la confianza pública”.