El juzgado 49 de Bogotá emitió orden de captura en contra del coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y los militares Antonio Rubay Jiménez Gómez, Óscar William Vásquez Rodríguez, Luis Fernando Nieto y Ferney Ulmardin Causaya Peña para que cumplan las respectivas condenas que se han emitido en su contra por su responsabilidad en los hechos que rodearon la desaparición de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández e Irma Franco Pineda durante la operación de recuperación del Palacio de Justicia los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
En la determinación, el despacho judicial advierte que el hecho varios de estos militares hayan presentado su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es motivo para que se suspendan las órdenes de captura emitidas en su contra por el delito de desaparición forzada agravada.
En marzo pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema dejó en firme la condena de 40 años de prisión en contra del coronel Sánchez Rubiano, quien fue el primer oficial del Ejército capturado por el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, fue señalado de haber ejercido labores de inteligencia desde la Casa del Museo del Florero, donde se montó un improvisado puesto de control. Hasta ese lugar eran trasladados los rehenes que eran liberados por las Fuerzas Militares.
Sin embargo, una vez llegaron a la Casa, un grupo fue separado y subido al segundo piso, lugar donde fue sometido a torturas. Lo anterior, debido a que los hombres a cargo de coronel Sánchez Rubiano los señalaron de ser “sospechosos”, haber tenido vínculos con la guerrilla del M-19 y, por ende, participar en la toma del Palacio.
“En todo caso, no pude pasar desapercibido que la connotación dada a ciertas personas, tildadas de «sospechosas», significó que no permanecieran en el primer piso de la Casa del Florero, a la vista de todos los conducidos hasta allí, ni en el mismo momento, pues se entiende que el egreso del sitio asediado, Palacio de Justicia, operó paulatino y espaciado”, precisa la decisión de 194 páginas.
En el análisis del caso, el alto tribunal señaló que varios testigos coincidieron en afirmar que fueron subidos de manera inmediata al segundo piso tras ser acusados de “guerrilleros” por los militares que se encontraban en la Casa del Florero. “Por lo demás, la forma subrepticia como se buscó esconder a los sospechosos, no solo ubicándolos en el segundo piso, sino obviando su registro oficial”.
Cuatro testigos, entre los que se encuentran los dos estudiantes de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, manifestaron que fueron torturados y amenazados por parte de los militares, indicándoles que ellos habían participado en la toma y eran subversivos.
“Que en ese segundo nivel ninguna persona reconociera o identificara a los empleados de la cafetería no significa que no hubiesen estado allí; no solo porque la información que se cernía sobre la posible colaboración con miembros del grupo subversivo para la toma de la sede judicial, generaba de mayor sigilo, sino porque, dado el trato al que se les sometió ―con vejámenes e interrogatorios profundos― se advierte, en lugares separados cada uno de ellos, no era factible que pudieran observar o determinar lo que ocurría con los otros retenidos”.
Los hombres al mando de Sánchez Rubiano, que se camuflaron en medio del rescate de rehenes, fueron clave para hacer los “señalamientos” antes que ingresaran a la Casa del Florero, ubicada a pocos metros del Palacio. Debido a esto, la Corte Suprema también condenó a Ferney Uldamarín Casayá Peña, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Luis Fernando Nieto Velandia.
El coronel Sánchez Rubiano es el oficial con la mayor condena por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Por su parte, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales fue sentenciado a 35 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia.
En medio de este proceso también se cuenta al general (r) Iván Ramírez Quintero, quien fue absuelto por duda probatoria en 2015 y está pendiente del fallo de segunda instancia; mientras que el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue declarado inocente por la Sala de Casación Penal de la Corte que tumbó la condena de 25 años de cárcel.