Por petición de la Fiscalía General se ordenaron las capturas de los máximos jefes del Frente 33 de las disidencias de la guerrilla de las Farc y el ELN por su responsabilidad en el asesinato de ocho mujeres en el departamento de Norte de Santander, en hechos registrados entre abril y noviembre de 2021.
Los investigadores establecieron que seis mujeres fueron asesinadas por orden de las disidencias de las Farc que delinquen en esa zona del país. Por estos casos fueron vinculados directamente Javier Alonso Veloza, alias John Mechas; Martín Leonel Pérez Castro, alias Richard, y Willington Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo.
Mientras que en el caso de ELN se les vincula con el asesinato de dos mujeres. Debido a esto, se expidió la captura en contra de José Aquiles Martínez, alias Arbey, señalado de ser el jefe del frente Juan Fernando Porras Martínez.
El fiscal general Francisco Barbosa aseguró que estos asesinatos de las mujeres se presentaron de manera sistemática por parte de las estructuras criminales que buscan el control territorial para el tráfico de drogas y armas.
En un caso en concreto se determinó que el Frente 33 de las disidencias de las Farc ordenaron la muerte de la fiscal seccional Esperanza Navas Sánchez, registrado el pasado 9 de junio en el municipio de Tibú (Norte de Santander), “en retaliación por las actuaciones judiciales” que adelantó la funcionaria “contra la estructura criminal.
Para el jefe del ente investigador, con la expedición de las mencionadas órdenes de captura se alcanzó el 81 % en el esclarecimiento de los homicidios contra las mujeres en departamento de Norte de Santander.
Las investigaciones señalaron que el municipio de Tibú registra los mayores registros de asesinatos de mujeres, el cual continuamente ha registrado una grave alteración al orden público por los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales que allí delinquen.
El anuncio fue hecho de Norte de Santander en compañía de la vicefiscal heneral, Martha Janeth Mancera; el delegado contra la Criminalidad Organizada, Javier García Trochez, y el director seccional Norte de Santander, Daniel Alexánder Tapias Ocampo.
El crimen de la fiscal Navas
En la mañana del 8 de junio, cuando salía de su casa en el barrio Los Libertadores, en el centro del municipio de Tibú, varios hombres armados interceptaron a la fiscal Esperanza Navas Sánchez y le dispararon en repetidas oportunidades, acabando inmediatamente con su vida.
La funcionaria era la encargada de investigar cerca de 400 procesos penales por cultivos de uso ilícito y homicidios dolosos y culposos en la región. El personero municipal, John Ascanio, aseguró que la fiscal era muy reservada y evitaba salir a la calle. “Era muy precavida con su seguridad”.
El funcionario aseguró que no conocía amenazas en contra de la fiscal de 60 años de edad, quien tenía dos hijas que vivían en Bucaramanga y Canadá. Tras el asesinato de la delegada del ente investigador se ordenó un consejo de seguridad extraordinario en la región liderado por el gobernado de Norte de Santander, Silvano Serrano.
En medio de la discusión se puso de presente el patrón de criminalidad en contra de las mujeres, hecho por el cal se anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información que permitiera identificar, ubicar y capturar a los responsables de esos asesinatos.
El mandatario ordenó la creación de un comité de policía judicial, entre autoridades, para coordinar la colaboración interinstitucional con el fin de investigar los asesinatos selectivos.
En medio de la reunión, la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, puso de presente la grave situación que existía para las mujeres en esa región del Catatumbo.