Un portazo recibió este viernes la defensa del teniente coronel, en retiro, Jorge Enrique Hurtado Bermúdez, exjefe de protección de la vicepresidenta Francia Márquez, quien había presentado un poder preferente ante la Procuraduría General para que la investigación que cursa en su contra saliera de la Inspección de la Policía.
En un documento de ocho páginas, conocido por SEMANA, el despacho del viceprocurador General manifestó que tras hacer un análisis de la situación se llegó a la conclusión que “no existe vulneración del debido proceso ni de otros derechos fundamentales”, como lo alegaba la defensa del oficial en retiro. Frente a esto, la investigación se queda en la Policía Nacional que se encuentra actualmente en la etapa de recolección de elementos materiales de prueba.
El pasado jueves SEMANA reveló la denuncia anónima que dejó por fuera de la Policía al coronel Jorge Enrique Hurtado. Al despacho de la inspección de la Policía llegó la delicada denuncia que señala que el coronel Hurtado, mano derecha de Márquez, habría aprovechado sus relaciones políticas y su cercanía con la alta funcionaria para ejecutar acciones ilegales.
“Aprovechando sus influencias políticas, ha logrado escalar hasta los más altos cargos en la Policía, estando pendiente de ascender al grado de coronel, lo que es una vergüenza institucional, teniendo en cuenta que es un oficial que va en contravía de las políticas y valores, ya que en su trayectoria ha presentado diferentes investigaciones disciplinarias. Y para colmo, tiene un incremento en patrimonio exagerado que ha ocultado y no ha sido posible que lo investiguen”, señala el documento en poder de SEMANA.
¿Un injustificado incremento patrimonial?
El centro de la denuncia es que el coronel Hurtado, de forma súbita, habría aumentado de forma exagerada e inexplicable su patrimonio, en especial en los últimos años.
“Este oficial, tenemos conocimiento, ha incrementado su patrimonio económico en la institución de una manera ilegal, puesto que, con el sueldo de oficial de la Policía, jamás podría acumular el monto de propiedades que actualmente posee, que se estima aproximadamente en más de nueve mil millones de pesos”, se lee en la denuncia.
Además, advierten que, para evitar que las autoridades identificaran estos movimientos e inversiones, “este funcionario, incumpliendo con la ley y evitando la vigilancia de las autoridades tributarias, ha dejado de declarar su renta por más de 6 años, con el fin de ocultar dinero que ilegalmente ha obtenido, en provecho de los cargos que ocupó en la Policía”.
Propiedades y lujos
La denuncia es puntual y describe en detalle las propiedades y bienes que, presuntamente, habría adquirido el exjefe de protección de la vicepresidenta Francia Márquez, y cuestionan cómo, con un sueldo básico de 5 millones de pesos, pudo acumular ese capital.
“Este señor oficial tiene bienes inmuebles entre casas y apartamentos que ascienden a más de cinco mil millones de pesos, valor que ha ocultado, ya que su valor comercial debe ser mayor. De igual manera, posee una camioneta Haylux (sic) de más de 300 millones de pesos, y un vehículo Audi de más de 200 millones de pesos. También tiene un tracto camión de más de 300 millones de pesos”, señala la denuncia.
“En el año 2021 y 2022, sería bueno que revisaran los ingresos recibidos por el señor coronel, quien laboraba en el puerto de Santa Marta y adquirió bienes por valor de 2 mil millones, producto de pagos de favorecer el paso de droga y contrabando”. Este es tal vez uno de los puntos más delicados de la acusación, pues raya con comportamientos que requerirían una investigación penal por parte de la Fiscalía.
“Es de anotar que la gran mayoría de bienes los tiene a nombre de testaferros, que son su esposa, hijos y hermanos. De igual manera, gran parte del dinero que posee lo consiguió cuando se desempeñaba también en el área de erradicación de cultivos ilícitos, quien daba órdenes para que no se realizaran los operativos de erradicación manual y aspersión, recibiendo pagos mensuales por parte de un grupo de narcotraficantes”, advierte el documento.
Y agrega que, “por lo anterior, es evidente que el patrimonio de este oficial se ha aumentado en un porcentaje de 1.000 por ciento, lo que no podría ser, cuando el ingreso básico es de 5 millones de pesos”.
El proceso ya está en manos de la Procuraduría General de la Nación, porque el abogado del coronel Gómez, Jorge Iván Mina Lasso, solicitó que se ejerciera el poder preferente de parte del organismo de control.
Bermúdez llevaba nueve meses trabajando con la vicepresidenta y SEMANA constató que, efectivamente, cuando se conoció el proceso contra el policía, ella misma intercedió por él. Es más, Vicepresidencia alista un comunicado para detallar el por qué Márquez decidió defender a un uniformado investigado por presunto enriquecimiento ilícito.