La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra senadores de la República, señalando que “por determinar”, aunque es claro que por la denuncia presentada tendría relación con el presidente del Senado, Roy Barreras, y funcionarios de la Dirección Administrativa y Financiera del Congreso, para establecer las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la celebración de varios convenios interadministrativos suscritos con la empresa Dicitec S.E.M. S. A. S.
La decisión de la Procuraduría se da porque, por medio de sus redes sociales, el senador Jota Pe Hernández hizo una nueva denuncia por presunta corrupción en el Canal Congreso, por lo que pidió a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría investigar a fondo las supuestas irregularidades en contratación que encontró después de adelantar una exhaustiva investigación.
Señalan desde la Procuraduría que “la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que se investigarán las denuncias del senador Jota Pe Hernández sobre anomalías en las etapas precontractuales, de celebración y ejecución de contratos suscritos para la producción de contenidos del canal del Congreso, en los que posiblemente se desconocieron los principios de la función administrativa y de este tipo de vinculación laboral, así como un eventual interés indebido y un posible detrimento patrimonial”.
Hernández señaló nuevamente en su denuncia a John Jairo Uribe, quien fue señalado hace unos días por supuestos casos de acoso y de cobros porcentuales sobre el salario de algunos trabajadores. En la revelación, Hernández vincula nuevamente a Uribe en este supuesto caso de corrupción, pero también menciona a su hija Valeria Uribe al ser beneficiarios directos de un millonario contrato con Dicitec, empresa que opera el Canal Congreso, y la participación en otra parte del convenio con otra empresa que no contaría con los requisitos necesarios.
Según Hernández, la posible corrupción se estaría presentando porque Dicitec firmó un contrato con el Senado de la República por más de 8.000 millones de pesos para manejar la operación del Canal Congreso y se subcontrató a otra, llamada Espejo Público, dándole el manejo de 4.000 millones. Según el senador de la Alianza Verde, la dueña de esta última empresa es la hija de Uribe, lo que llama la atención de cómo una empresa pequeña recibe un contrato millonario.
Por este motivo, la Procuraduría, en medio de su indagación, validará la información de los convenios en aras de esclarecer las razones por las que se recibieron ofertas de manera extemporánea, la existencia de documentos sin certificación de cumplimiento a los que se les dio trámite y la justificación para subcontratar, entre otras.
Durante su denuncia, Hernández también reveló que hay irregularidades en 95 contratos de la empresa que maneja el Canal Congreso y que les estaría pagando mucho menos de lo acordado a los colaboradores. El senador de la Alianza Verde afirmó que, por ejemplo, Dicitec cobra más de ocho millones de pesos por contratar a una persona, pero en realidad le paga menos de seis millones, por lo que mensualmente, según él, se pierden más de 117 millones.
Para el congresista, las autoridades serán las encargadas de verificar si se han presentado hechos de corrupción en dicho contrato, pero llamó la atención sobre cómo John Jairo Uribe y Valeria Uribe resultan beneficiados con ese millonario contrato. Además, nuevamente cuestionó la cercanía de Uribe con el presidente del Congreso, Roy Barreras, y se preguntó si existe alguna razón de fondo para que el exproductor del Canal Congreso tenga tantos beneficios.
Por ejemplo, preguntó por qué la página de Facebook de La Fuerza de la Paz, partido de Roy Barreras, tiene un enlace que dirige a la empresa Espejo Público y no al sitio web de la colectividad. Además, recordó que el propio Roy Barreras, cuando se conoció el primer escándalo en el Congreso sobre Uribe y sus presuntas conductas, reconoció que lo conoce hace quince años.
Hernández llamó la atención sobre que en ese contrato Uribe haya sido beneficiado, y mencionó a Maritza La Rotta por ser supervisora de dicho contrato. La Rotta funge como jefe de prensa del Senado de la República y directora del Noticiero del Senado.
Para el congresista, llama la atención que tanto Uribe como La Rotta hayan sido parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Barreras, pero desde el 20 de julio, cuando asumió la presidencia del Congreso, asumieron otras funciones que hoy en día son cuestionadas.
Por todos estos hechos contemplados en la denuncia del senador Jota Pe, y aunque la Procuraduría, respetando el derecho a la legítima defensa, señala que la indagación incluye senadores por determinar, es claro que el hecho señala a Roy Barreras, presidente del Senado.
No obstante, desde el ente de control disciplinario advierten que “el Ministerio Público sostuvo que es necesario despejar la duda acerca de quién o quiénes podrían ser los servidores comprometidos en las conductas objeto de averiguación, por lo que solicito practicar pruebas conducentes a la identificación e individualización de los mismos”.