La Policía Nacional ordenó el relevo inmediato del comandante del Departamento de Sucre, el coronel Carlos Andrés Correa Rodríguez, por los supuestos tres falsos positivos que generaron un nuevo escándalo en el país.
Se trata de Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo Contreras, quienes fueron señalados como presuntos integrantes del Clan del Golfo y supuestos responsables del ataque perpetrado el pasado 25 de julio.
De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, miembros de la Policía adelantaban actividades de control en una panadería cuando fueron abordados por sujetos que se movilizaban en motocicleta. De manera inmediata se presenta un cruce de disparos que finalmente cobró la vida del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón y la de los tres jóvenes en mención.
Sin embargo, los familiares afirman que los jóvenes no estaban vinculados con alguna estructura delictiva. De acuerdo con su versión, Jesús David y José Carlos Arévalo estaban en la vía Sincelejo-Las Palmas y al ver el operativo de la Policía que perseguía a los asesinos, huyeron de la zona, pero Jesús David fue herido en una de sus piernas.
Posteriormente, fue auxiliado por su compañero, quien lo llevó hasta su casa en el barrio Villa Karen, Chochó, donde sus familiares decidieron trasladarlo a una clínica en Sincelejo, acompañados por Carlos Ibáñez y la hermana del herido. Pero, cuentan, fueron detenidos por la Policía en una intercepción de la vía.
La hipótesis da cuenta que los jóvenes fueron esposados y después aparecieron sin vida en la clínica: Carlos Ibáñez con tres lesiones en tórax, Jesús David con tres lesiones en muslo, rodilla y tabique, y José Carlos con una lesión en la región occipital y tres en el tórax.
En ese sentido, el general Jorge Luis Vargas Valencia indicó que “en caso de comprobarse la actuación irregular de algún integrante de la Policía Nacional, debe aplicarse todo el peso de la ley”.
Debido a la situación, fueron suspendidos ocho uniformados de esa institución: el coronel Benjamín Núñez Jaramillo, la subteniente Camila Biriticá Valencia; y los patrulleros Bernardo Pontón, Diana Puerta, Leila Ávila, Jesús Bolaños, Huber Mieles y Álvaro Álvarez.
“Mientras la investigación penal está en manos de la Fiscalía General de la Nación, la investigación disciplinaria la tiene la Inspección General de la Policía Nacional, que de la manera más ágil y en el marco del nuevo estatuto disciplinario expedido al amparo del proceso de Transformación Institucional, suspendió a ocho uniformados, incluido un teniente coronel, siendo la primera autoridad en tomar medidas y actuar frente a este caso. A propósito, la Inspección General ha recepcionado 42 pruebas (25 testimoniales y 17 documentales), que están siendo compartidas con las otras instituciones”, señaló el general Jorge Luis Vargas.