El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, expidió el Decreto 0016 del 14 de enero de 2024, mediante el cual se amplia por seis meses más el cese al fuego con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.
Así lo comunicó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que publicó el respectivo documento a través de su cuenta de X. La decisión se da después de que el pasado martes, 9 de enero, se activara el tercer ciclo de negociaciones para precisamente abordar esta medida, ya que culminaba a las 11:59 p. m. de este lunes 15 de enero.
Con este nuevo decreto, el cese al fuego seguirá vigente hasta el próximo 15 de julio de 2024. Las operaciones ofensivas contra este grupo quedarán suspendidas y las dos partes, tanto el Gobierno como el Estado Mayor Central, deberán cumplir los respectivos protocolos ya establecidos.
“Ordenar la suspensión de las operaciones militares ofensivas y operativos policiales, así como de los actos contrarios a lo establecido en el Protocolo de Reglas y Compromisos acordado entre las partes en la Mesa de Diálogos de Paz”, dice el documento firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez y dado a conocer este domingo.
Asimismo, se establece que la mesa de diálogos y las disidencias de Mordisco podrán acordar nuevos objetivos del Mecanismo de Veeduría y Verificación al Cese al Fuego Bilateral, Temporal y Nacional (CFBTNT), que estén dirigidos al “fortalecimiento del proceso de paz, la profundización de las transformaciones territoriales y el remplazo de las economías ilícitas, la protección del medio ambiente, la participación de la sociedad y la protección de la población civil”.
Las conversaciones con el Estado Mayor Central se enmarcan en una política gubernamental llamada “paz total”, con la que Petro busca disminuir la violencia e iniciar procesos de diálogo con los grupos que aún persisten en el país.
El cese al fuego ha contado con un protocolo que exige, además del cese de hostilidades, la protección a la población civil con referencias al derecho internacional humanitario.
Pese a que el acuerdo se encuentra vigente desde hace varios meses, las dos partes han denunciado en repetidas oportunidades supuestas violaciones a las reglas establecidas, además de que se han presentado fuertes polémicas en medio de las negociaciones.
El incidente más notorio se registró el 5 de noviembre del año pasado, cuando las disidencias suspendieron unilateralmente los diálogos tras reclamar supuestos incumplimientos del Estado y la salida del Ejército de algunas zonas, mientras que el Ejército denunció el secuestro de un grupo de militares en el Cauca, al suroeste del país.
Tras lograr reanudar los diálogos y superar la crisis, la disidencia se comprometió a abandonar los secuestros para cobrar rescates, uno de los crímenes más repudiados en el país que por décadas ha sido usado por los grupos armados.
En el más reciente informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, divulgado el pasado lunes, se resaltan los acuerdos alcanzados por las partes y se exhorta a que perseveren en el cumplimiento del acuerdo de cese al fuego y especialmente en la protección a la población civil.