Luego de firmar un preacuerdo con la Fiscalía por el asesinato del estudiante derecho Javier Ordóñez, el patrullero Juan Camilo Lloreda, quien era parte de la patrulla del CAI Villa Luz en el noroccidente de Bogotá, se acordó una pena de 20 años de prisión que estaba pendiente de aprobarse por parte de un juez especializado. La aprobación llegó este miércoles con la confirmación de la condena contra este uniformado, además de una inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El juez leyó el acuerdo que firmaron no solo la Fiscalía y la defensa, sino las víctimas en este proceso, la representación legal de la familia de Javier Ordóñez, que durante todo el proceso estuvieron atentos a las negociaciones que planteó el ente acusador con los implicados.

Vadhir Gómez, abogado de la familia Ordóñez, aseguró que luego de largas reuniones con los abogados de los dos uniformados implicados, finalmente fue la defensa de Lloreda la que firmó el preacuerdo con la Fiscalía para aceptar su responsabilidad a cambio de una rebaja sustancial de la pena.

“El objetivo era llegar a una negociación en la que todas las partes estuviesen de acuerdo y finalmente después de verificar los delitos, el material probatorio, subir el monto de la pena, bajar otro tanto, llegamos a la determinación y al acuerdo de que 20 años es una condena suficiente para buscar una reparación a las víctimas “, dijo el abogado Gómez.

El patrullero se encuentra detenido en la cárcel para funcionarios de la Policía en el municipio de Facatativá (Cundinamarca) y desde allí entregó una declaración a la Fiscalía sobre cómo ocurrieron estos hechos, la participación que tuvo en el asesinato de Javier Ordóñez y además detalles de la complicidad y responsabilidad que pudieron tener otros uniformados del CAI Villa Luz.

“Le puse el táser en el hombro y le dije: ¿ya se calmó? Acá es a otro precio. Le propiné tres patadas al pecho y en los glúteos otras cuatro… Yo le di duro contra el pavimento, se dio duro, rebotó contra el piso”, dijo el patrullero en su declaración de confesión que derivó en el preacuerdo con la Fiscalía.

El juez que ahora le dio aval al acuerdo de la Fiscalía con el acusado dijo que los investigadores lograron demostrar cómo efectivamente el patrullero Lloreda es responsable de los delitos imputados y por ende debe ser juzgado por los mismos cargos. Esta coyuntura con la negoción le trajo la pena de 20 años de cárcel.

“Lo que habría llevado una sentencia condenatoria, lo anterior sumado al auto incriminación del procesado, permitió a esta autoridad judicial determinar más allá de toda duda razonable los delitos de homicidio agravado y tortura en contra de Javier Ordóñez en la noche del ocho de septiembre y la madrugada del nueve, así como la responsabilidad de Juan Camilo Lloreda, persona capaz y consciente de la conducta y por ende debe asumir las consecuencias legales”, dijo el juez.

Al confirmar la condena, el juez aseguró que la Fiscalía y las víctimas lograron demostrar la responsabilidad del patrullero en este caso y por tanto la autoincriminación era acorde a la sentencia proferida, y advirtió que la conducta cometida es de suma gravedad, además de que fue un acto desmedido contra la humanidad de Javier Ordoñez.

La defensa del patrullero Lloreda solicitó una detención domiciliaria o una sustitución de la medida de aseguramiento, asunto que fue negado por parte del juez especializado tras considerar que los hechos son bastante graves y merecen el reproche de la justicia. De ahí que los abogados del uniformado interpusieron el recurso de apelación al conocer la confirmación de la condena en contra de su cliente.