La Procuraduría abrió indagación previa contra funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por las graves denuncias de ‘chuzadas’ reveladas por esta revista contra el magistrado Jorge Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, y que también habrían golpeado a togados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Con la investigación se trata de determinar si funcionarios del DNI habrían participado en la interceptación ilegal de comunicaciones a magistrados del alto tribunal y perfilamiento a familiares de funcionarios judiciales.
La indagación de la Procuraduría se conoció después de que la Jurisdicción Especial de Paz también pidió investigar presuntas ‘chuzadas’ a magistrados de ese tribunal. En un comunicado de la JEP se lee: “Lo anterior, sumado a que algunos medios de comunicación expusieron que algunos magistrados y magistradas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también han manifestado su sospecha de ser objeto de presuntas interceptaciones ilegales”.
La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría explicó que, tras las revelaciones en SEMANA, “se investigarán las denuncias hechas sobre la posible persecución de la que estarían siendo objeto los miembros de la alta corporación, que también han denunciado seguimientos, perfilamientos y monitoreos permanentes”.
La indagación disciplinaria del Ministerio Público trata de determinar si existen o no autorizaciones judiciales expedidas por órganos de inteligencia oficiales y escuchas contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, vicepresidente de la Corte Constitucional, quien también podría terminar presentando una queja sobre las presuntas irregularidades que denunció en esta revista.
La actuación disciplinaria que inició la Procuraduría “busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
Sobre la posible vinculación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en este escándalo, el presidente Gustavo Petro desestimó las denuncias y aseguró que desde su llegada a la Casa de Nariño, la inteligencia estatal se usaría para perseguir a los criminales, pero no a los magistrados de las altas cortes.
A través de su cuenta en X, el mandatario explicó que “desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado”.
En las últimas horas, el presidente se volvió a referir al escándalo asegurando que desde su gobierno no se intercepta comunicaciones y que desde la Presidencia ha sido prohibida esa práctica.
“Si al magistrado Ibáñez le han llegado (mensajes) WhatsApp con esa información, solo es víctima de los grupos de extrema derecha que buscan no solo romper las relaciones personales al interior del Gobierno, sino del Gobierno con las otras ramas del Estado”, dijo el presidente Petro.
El pasado lunes, los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional pidieron que se investigue a fondo los seguimientos e interceptaciones ilegales contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez y a su núcleo familiar.