Una alerta lanzó en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación a las diferentes autoridades sobre un posible plan para boicotear las elecciones del próximo domingo en el municipio de Certigui en el departamento del Chocó. A través del siguiente trino el Ministerio Público hizo el llamado de atención.
La situación, según fuentes de la Policía, ya comenzó a ser verificada desde la Sala Estratégica en Bogotá en donde hacen presencia el Director de la Institución, el general William Salamanca, y el registrador, Alexander Vega.
Desde este mismo punto, el director de la Policía condenó el reciente ataque contra la sede de la Registraduría en Gamarra, Cesar, en donde dos policías y dos civiles resultaron heridos. Sobre estos hechos se anunció por parte de la Policía una recompensa de hasta 50 millones de pesos.
Los casos de Cesar y Chocó, indicaron fuentes de la Policía fueron priorizados con la Armada para poder establecer quiénes están detrás de estas acciones. Para el caso de Cesar, la Dirección de Investigación Criminal Dijin envió unidades expertas en delitos electorales para ubicar a quienes ordenaron que fuera incendiada la Registraduría regional.
El director de la Dijin, el general José Luis Ramírez, explicó recientemente el apoyo para el Plan Democracia 2023 activado por el gobierno nacional. “Contamos con 179 funcionarios del Servicio de Investigación Criminal como enlaces e investigadores de los eventos de competencia de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL)”, dijo el oficial.
Agregó que ““4.013 funcionarios del Servicio de Investigación Criminal apoyarán la jornada electoral en los puestos de votación y judicializarán a las personas que cometan algún delito en el desarrollo de esta actividad (...) Contaremos con un Grupo de Transparencia Electoral con 4.834 funcionarios de las Seccionales y Regionales, para atender informaciones de delitos electorales en el país y también 2.055 hombres y mujeres de la DIJIN en actividades judiciales para un total de 11.191 funcionarios”.
Por su parte las Fuerzas Militares destinaron más de 130 mil hombres y mujeres para ubicarlos en diferentes regiones del territorio nacional con el propósito de garantizar que los votantes puedan salir a elegir al aspirante de su preferencia sin ningún contratiempo.
Además de la estrategia con hombres de la fuerza pública, el gobierno activó el pago de recompensas entre 1 y 20 millones de pesos para quien denuncie la compra de votos. Según el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, este procedimiento será coordinado con la Fiscalía General de la Nación.
Una de las mayores amenazas en la jornada de elecciones han sido las disidencias de las Farc, que habían impedido el ingreso de las tropas al municipio de El Plateado en el Cauca, en donde se movían en medio de la población civil.
El caso fue denunciado públicamente por el Ejército, y diferentes sectores políticos advirtieron que las disidencias estarían violando el cese al fuego que pactaron con el gobierno nacional para avanzar en los diálogos dentro del proyecto de ‘paz total’.
Hay que mencionar que en las últimas horas el Ejército ingresó a la zona que se encontraba tomada por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco.