En la tarde de este lunes, 11 de diciembre, un grupo especial de la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección en las oficinas de la Cancillería, en el marco de la investigación disciplinaria en contra del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las posibles irregularidades en la licitación para la entrega del contrato para la expedición de pasaportes por cerca de 600 mil millones de pesos.
Durante más de una hora, los funcionarios del Ministerio Público recolectaron todo tipo de pruebas respecto del cuestionado proceso licitatorio que finalmente fue declarado desierto, ocasionando demoras en la expedición del documento.
“La Procuraduría General de la Nación viene a la Cancillería a adelantar diligencia de inspección para recolectar el medio de prueba en virtud del cual se desarrolló la audiencia del Comité de Conciliación en el proceso de los pasaportes”, explicó Esiquio Manuel Sánchez, delegado de la Sala de Instrucción de la Procuraduría.
El lío de la licitación
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguraron que haber declarado desierto el proceso de licitación pública “es un suceso externo a la voluntad o al dominio del representante legal del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, puesto que al mismo acudió un único proponente que, frente a las observaciones de los otros eventuales participantes del proceso, no garantizaba los principios de selección objetiva, libre concurrencia e igualdad de oportunidades; prueba de ello se encuentra consignada en el acto administrativo aludido que hará parte integrante de esta resolución”, se aclara en el documento.
Luego de que el proceso licitatorio fracasara y debido a que el pasado 2 de octubre se vencía el contrato con la firma Thomas Greg, encargada de la expedición de libretas y pasaportes en el país, el pasado14 de septiembre el canciller Álvaro Leyva tomó la decisión de declarar la urgencia manifiesta para poder darle una solución a ese proceso y adjudicar el contrato directamente por el término de un año. Luego, el 19 de septiembre, el Gobierno anunció que se llevará a cabo un nuevo proceso licitatorio.
“Declarar el estado de urgencia manifiesta por el término de doce meses, en relación con la prestación del servicio público de ‘suministro, formalización, prestación y personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica’, de conformidad con las consideraciones del presente acto administrativo”, dice la resolución.
La Fiscalía, por su parte, también adelanta una investigación, por solicitud de la misma Cancillería, para establecer si hubo irregularidades en la licitación inicial.
“Personas naturales y jurídicas han cuestionado los criterios técnicos y objetivos tenidos en cuenta para la elaboración del pliego de condiciones definitivo, preguntando sobre la transparencia del proceso”, indicó la Cancillería en su momento.
La posible demanda de Thomas Greg
La firma Thomas Greg & Sons, que todavía se encarga de expedir los pasaportes en el país, se declaró gravemente afectada por la decisión del Gobierno de no entregar el contrato en el proceso licitatorio que fue declarado desierto, debido a denuncias de un presunto favoritismo en los pliegos hacia Thomas Greg, empresa que resultó como única proponente.
En consecuencia, la firma ahora amenaza con una posible demanda con millonarias pretensiones y amparados en varias leyes y argumentos jurídicos, según los cuales la decisión de suspender la licitación se estaría saltando principios como el de economía, transparencia, selección objetiva, adjudicación de oferta única, entre otras.
La firma presentó ante la Procuraduría General una solicitud de conciliación extrajudicial y en una primera audiencia propusieron como alternativa a la demanda que se revoque la resolución que declaró desierto el proceso licitatorio y se les adjudique el contrato a su favor.
De no darse dicha conciliación, la firma demandaría al Estado por la suma de $ 107.507.163.000 (ciento siete mil quinientos siete millones ciento sesenta y tres mil pesos) por la afectación económica, y una suma adicional de diez mil millones de pesos por daño reputacional.