La Procuraduría General de la Nación le pidió al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, efectuar el giro de los recursos de los presupuesto máximos de los meses de noviembre y diciembre para la vigencia 2023 a las Empresas Promotoras de Salud (EPS).
Asimismo, la Procuraduría le solicitó al ministro indicar la fecha en la que se efectuará el reconocimiento de los ajustes para la vigencia 2022, debido a que, hasta ahora, no se han llevado a cabo y esto pone en riesgo la salud de millones de colombianos.
“El ente de control verificó el pago inoportuno, puesto que, durante el segundo semestre del 2023 en el mes de octubre, pagaron solamente el giro de los meses correspondientes a julio, agosto y septiembre; además, solo hasta el presente año se reconocieron los ajustes del año 2021 para la red prestadora de servicios de salud”, indicó la Procuraduría.
De igual forma, el Ministerio Público pidió la programación para la realización de las mesas técnicas y participativas que tiene como objeto la revisión y discusión jurídica, técnica y financiera que permita determinar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) para la vigencia 2024.
De otra parte, la Delegada para asuntos del trabajo y la seguridad social insiste en que, para el cierre del 2023, se continua en absoluto desconocimiento acerca de la información y metodología reportada por las aseguradoras para el debido cálculo del UPC para 2024.
La Procuraduría advierte de la gravedad de las actuaciones del ministro, con lo cual se está afectando el derecho fundamental a la salud de los colombianos.
“Lo que ha venido requiriendo la Procuraduría General de la Nación es la garantía de los derechos fundamentales de los pacientes, de la salud de los pacientes. Y en ese sentido hay que pagarles a las EPS, que son las entidades que cumplen con la función del aseguramiento. Le están debiendo presupuestos máximos de noviembre y diciembre de este año, le están debiendo los ajustes del 2022 y no se ha revisado la UPC con las variables técnicas, los cambios epidemiológicos, las nuevas cargas de enfermedades, el envejecimiento poblacional y los cambios macroeconómicos que se han dado, todo lo cual afecta la UPC para 2024. Esto hay que revisarlo para que tengan herramientas las EPS con que trabajar”, indicó al respecto Diana Ojeda, procuradora delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social.