Varios proyectos de infraestructura en el departamento de Magdalena tienen en el banquillo de los acusados al gobernador Carlos Caicedo. De acuerdo con la Fiscalía, el mandatario incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.
Contrato a contrato el ente acusador relató cuál fue la participación del gobernador en las presuntas irregularidades, de cómo fue Caicedo quien estuvo en todas las etapas de los proyectos y utilizó recursos destinados a otro sector en las obras que impulsó, no sólo como gobernador, sino como alcalde de la ciudad de Santa Marta.
Por estas razones y tras considerar que es un riesgo para el proceso, los testigos y la evidencia recuperada, la Fiscalía le dijo a un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que era necesario imponer una medida de aseguramiento en su lugar de domicilio. Así lo hizó y recibió el apoyo de la Procuraduría.
El ministerio público dijo que la Fiscalía logró demostrar la necesidad de la medida de aseguramientos, en decir, que el gobernador del Magdalena debe estar privado de la libertad en su residencia, por considerar que los requisitos para la misma medida se cumplen en este caso.
“El ente acusador cumplió con el requisito de inferencia razonable de autoridad, toda vez que trabaja en colación diversas evidencias recogidas en la parte de indagación demostrándose la participación de la imputado y no de otra persona en el desarrollo de las conductas indicadas, estableciéndose la tipicidad requerida”, dijo la procuradura del caso.
De acuerdo con la Procuraduría el gobernador Caicedo estuvo en todas la etapas de los proyectos que ahora son objeto de reporche por la Fiscalía y por tanto es prudente, en aras de garantizar la preservación de la prueba, que el mandatario departamental se mantenga privado de la libertad en su lugar de residencia.
“El ente acusador logró establecer que el imputado participó desde la etapa de diseño en el trámite que culminó en la construcción de la Megabiblioteca fase uno, en la IDE Normal San Pedro Alejandrino del distrito de Santa Marta y que en ciertos documentos se plasmaron declaraciones que no correspondían estrictamente”, señaló la representante del ministerio público.
Insisto la procuradura, en su intervención, que el gobernador Carlos Caicedo, dispuso de una serie de recursos que estaban destinados a otro sector de la administración pública y los usó en la construcción de los escenarios que son, en criterio de la Fiscalía, el motivo de la imputación de cargos.
“Pasar un proyecto como parte del sector de Educación cuando debía ser de sector del sector cultura denota una magnitud del comportamiento desplegado por el imputado puesto que al ser la contratación Estatal un aspecto de cada lado la tramitación y financiación de una obra por un rubro distinto al que legalmente le corresponde”, explicó la Procuraduría.
La defensa del mandatario se opuso a la solicitud de la Fiscalía y el acompañamiento de la Procuraduría. El abogado Juan Vicente Valbuena le explicó al juez cómo las obras, materia de investigación, fueron entregada a satisfacción de la comunidad, al punto de que, desde las mismas, el gobernador atendió las diligencias preliminares en este caso.