Por improcedente, la Procuraduría General le solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazar de plano la tutela presentada por la defensa de Álvaro Leyva Durán para revocar la decisión que lo suspendió por tres meses de su cargo mientras se adelanta el juicio disciplinario en su contra por las irregularidades en el proceso licitatorio del contrato de los pasaportes.
Para el delegado del Ministerio Público, los hechos que menciona la defensa de Leyva Durán van en contravía de la verdad, asegurando que desde el primer minuto se le ha respetado el debido proceso y con ellos todas sus garantías para defenderse.
“En el presente caso es inexistente la vulneración de derechos fundamentales al accionante”, advierte el concepto presentado por la Procuraduría. En el mismo recuerda que pese a que el 24 de enero Leyva fue suspendido, continuó ejerciendo sus funciones en una clara “resistencia” de la sanción. “Hizo caso omiso y en clara renuencia, siguió ejerciendo la investidura de ministro hasta el 7 de febrero de 2024″.
Por esto, se pidió no aceptar los argumentos esgrimidos por la defensa de Leyva -liderada por el abogado Yefferson Dueñas-, asegurando que la sanción no se dio por simple capricho, sino que se tuvo en cuenta que desde su cargo el canciller podía seguir afectando el proceso de licitación de los pasaportes.
El pasado 14 de febrero, el Tribunal Administrativo avaló para su conocimiento la tutela presentada por el Colectivo Justicia Racial, en el que se advierte que la suspensión contra Leyva vulneró sus derechos fundamentales. La organización, liderada por el abogado Ali Bantú Ashanti, manifestó que presentan esta acción en nombre de Leyva, pues “se encuentra fuera del país y tiene quebrantos de salud”.
El juicio disciplinario contra Leyva Durán por las presuntas irregularidades que se presentaron en la licitación para la entrega de los pasaportes se encuentra en el limbo, puesto que su defensa presentó una recusación contra el procurador que tiene el caso “por enemistad grave”.
La recusación hace relación a una serie de publicaciones hechas por el delegado del organismo de control disciplinario en su cuenta de X en el año 2019, en las que cuestiona fuertemente a Gustavo Petro, entonces senador, y se opone rotundamente a que pueda aspirar a la Presidencia de la República.
Para la defensa de Leyva, esto representa una falta de garantías al debido proceso. Por esto, pide que se retire del cargo y se nombre a un delegado que le otorgue un juicio disciplinario justo.
En el pliego de cargos formulado el pasado 27 de enero se señala que el canciller habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas, cometidas a título de dolo, es decir, con conocimiento.
La primera tiene relación con la decisión de declarar desierta la Licitación 001 de 2023, sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal.
En segundo lugar, el organismo de control disciplinario llamó a juicio al ministro por, supuestamente, decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
Para salvaguardar la integridad del expediente, la Sala tomó la decisión de suspenderlo provisionalmente, en aras de evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol como ordenador del gasto de la Cancillería y el que funge como director del nuevo proceso contractual que se adelanta para la gestión de pasaportes.