La polémica alrededor de la compra de 40 carrotanques para abastecer de agua potable en La Guajira no para. En las últimas horas, un equipo especial de la Procuraduría llegó hasta las oficinas de Kenworth para verificar el costo de los vehículos en una indagación sobre posibles irregularidades en dicha compra.
La visita de la delegación del Ministerio Público habría recolectado cotizaciones y facturas sobre el precio de cada vehículo, que preliminarmente habría tenido un valor de 1.170 millones de pesos cada uno, y que la compra total se dio sobre un valor que sobrepasa los 12 millones de dólares.
En la indagación de la Procuraduría también se estaría tratando de determinar cómo se logró el millonario contrato con una empresa cucuteña identificada como Impoamericana Roger S.A.S., cuyo capital no supera los 200 mil dólares. Toda una cantidad de anomalías que encendieron las alarmas de los entes de control, investigación y hasta el propio Gobierno nacional.
Desde el Ministerio Público informaron que “la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación adelanta inspección en las instalaciones de Kenworth y otras comercializadoras de dichos vehículos con el propósito de obtener cotizaciones acerca de los precios de los carrotanques que fueron adquiridos por la UNGRD y determinar la existencia de sobrecostos”.
La visita de la Procuraduría a la oficina de Kenworth y otras comercializadoras de esas máquinas, se dio justo el mismo día que el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, confirmó que los carrotanques que compró la entidad para surtir agua potable en La Guajira se quedarán parqueados en un batallón de ese departamento porque ahora no tienen pólizas de riesgo para que puedan prestar el servicio.
“Algo importante para decir y lo dejo absolutamente claro, también para que lo sepan los habitantes de La Guajira, con quienes me comienzo a disculpar en nombre de la entidad: los carrotanques deben estar detenidos, no pueden salir del batallón”, dijo Carrillo.
El escándalo de la licitación de los carrotanques dejó por fuera del cargo al anterior director de la entidad, Olmedo López, así como al subdirector para el Manejo de Desastres, Esnéider Pinilla, y a Víctor Meza, el exdirector general de Gestión del Riesgo.
Por este caso de presunta corrupción, la Contraloría anunció hace algunos días que le embargará los bienes al alto exfuncionario, así como a los otros implicados en la firma de ese contrato cercano a los 50 mil millones de pesos. Las irregularidades se habrían generado desde el proceso de licitación del contrato, teniendo en cuenta que los requisitos para quedarse con ese millonario proceso se habrían hecho a la medida de la empresa ganadora.
El ente de control ya había anunciado que en una minuciosa investigación hallaron que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo no presentó los estudios previos y de análisis de la necesidad que sustentaron con suficiencia lo encontrado mediante la Orden de Proveeduría 192-2023, “ni tampoco los estudios de mercado que soportaran el valor unitario pagado por la compraventa de estos carrotanques”, se lee en el informe de 19 páginas que divulgó la entidad.
El escándalo de presunta corrupción fue de tantas magnitudes que hasta a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia denunció en un documento de 44 páginas con todas las pruebas alrededor del caso, al exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y a los representantes de las tres empresas que participaron en ese proceso.
“Las personas jurídicas que presentaron cotización para la adquisición de carrotanques, efectivamente, son un grupo de personas que hacen parte de alrededor de seis personas jurídicas donde se intercambian representantes legales, contadores, revisores fiscales, lo cual les facilita establecer e impactar precios y, posiblemente, interponer sobrecostos para la adquisición de, en este caso, carrotanques”, denunció Idárraga en SEMANA.