Uno de los escándalos más grandes que enfrentó el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue la presunta compra de votos para su reelección, en el que hubo dos protagonistas de primer nivel, los exrepresentantes a la Cámara Teodolindo Avendaño y Yidis Medina, a quienes se les acusó de recibir beneficios, dádivas y contratos a cambio de votar en favor de la reelección. Hoy, casi 20 años después de estos hechos, se dio la condena contra uno de los hombres de confianza de Uribe, quien fuera su secretario privado: Bernardo Moreno.
Fue justamente por el soborno a Yidis Medina que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Bernardo Moreno a cinco años y siete meses de prisión por el delito de tráfico de influencias de servidor público en la modalidad de continuado.
Aunque el cargo más reconocido de Moreno en el Gobierno Uribe fue el de secretario privado, su mano derecha, los hechos por los que recibió esta condena habrán ocurrido cuando este se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
Con claridad, la Corte Suprema manifestó en su decisión que Moreno sí entregó dádivas a Yidis Medina a cambio de su voto para que fuera reformada la Constitución y se permitiera la reelección que para ese momento no era permitida en el país.
“La Corte determinó que, estando en ese cargo, influenció indebidamente en cinco servidores públicos con el fin de que tramitaran el nombramiento o la contratación en entidades públicas de personas allegadas a la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina Padilla”, señala la Corte.
Explica la Corte Suprema que los nombramientos se dieron “como retribución para la entonces congresista Yidis Medina por haber votado favorablemente el proyecto de Acto Legislativo n.° 267 de 2004 en la Comisión Primera Constitucional, mediante el cual se modificaba el artículo 197 de la Constitución Política sobre la reelección presidencial inmediata”.
Pacto ilegal
Sin ambages, la condena contra Bernardo Moreno deja claro que el voto de la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina se dio fruto de un pacto ilegal, que a cambio de entregar cargos en diferentes entidades del Estado, ella complacía las solicitudes del Gobierno en cuanto a votar favorable la reelección presidencial.
La sentencia señala que, producto de un “pacto ilegal”, Bernardo Moreno influyó indebidamente para que se hicieran esos nombramientos, pese a que “sabía que una vinculación al Estado no podía convertirse en un medio para cumplir compromisos ilícitos”.
Fueron varias las entidades del Estado en las que, según la sentencia, el exsecretario Bernardo Moreno tramitó cargos a cambio de lograr el voto de Medina; entra ellas están el Sena, Etesa y las famosas notarías que fueron encargadas a dedo y que en su momento significaron un escándalo nacional.
“Manifestación de ello fue su intromisión en asuntos internos de las entidades directamente o a través de sus asesores, el envío de las hojas de vida con su visto bueno, las llamadas telefónicas realizadas a los directores de la Red de Solidaridad Social y del Sena, a las presidentas de Etesa y al Superintendente de Notariado y Registro, las citas que procuró a Yidis, la atención directa a esta, ocasión en que le presentó a sus recomendados y las reuniones en ‘voz baja’ en Presidencia de la República para tratar sobre las componendas prometidas para ‘pagar’ los votos de la reelección (…)”, advierte la sentencia de Primera Instancia
“Es evidente que la gestión de Moreno Villegas constituye la culminación del objetivo del entonces Gobierno nacional para cumplir las promesas hechas a Medina Padilla, con motivo del apoyo que dio al proyecto de reelección presidencial inmediata, pues como integrante de la administración se beneficiaba con un segundo período presidencial como en efecto ocurrió”, señala la decisión.
El caso de Moreno es solo uno más del rosario de condenados en medio de las investigaciones por la compra de votos de parlamentarios a cambio de los votos para modificar la Constitución y así dar vía libre a la reelección presidencial.
En la lista están justamente los excongresistas Yidis Medina Padilla, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus, así como los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, y el exdirector del Dapre, Alberto Velásquez Echeverri.