En menos de 24 horas se cayó la orden de captura que existía en contra del coronel Javier Antonio Castro, comandante de la Policía en el Caquetá, investigado por presuntamente dejar a su suerte a los agentes de Policía que llegaron al sector de Los Pozos, zona rural de San Vicente del Caguán, a atender una situación de orden público que se estaba presentando por el presunto ingreso de un grupo de campesinos e indígenas a la sede de una petrolera en la noche del 2 de marzo.
En ese suceso, un suboficial y uno de los manifestantes murieron en medio de los enfrentamientos. Igualmente, 79 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fueron desarmados, desvestidos, amarrados y retenidos por más de 24 horas.
En la determinación, el juez 181 de Instrucción Penal Militar aceptó los argumentos que presentó el oficial sobre una situación familiar calamitosa y otras situaciones que le impidieron asistir a la primera diligencia. Por esto, se fijó para el próximo 31 de marzo la indagatoria para conocer su versión frente a los hechos acaecidos.
Este viernes, el Ministerio de Defensa y la defensa del coronel le enviaron un oficio al despacho del juez penal militar advirtiendo las circunstancias y por lo que estaba pasando el oficial. “No ha podido asistir a los requerimientos de la Justicia Penal Militar por cuanto tiene una situación de calamidad familiar por la muerte de su señor padre, además de encontrarse excusado del servicio por afectación de salud”.
En la comunicación se advierte que en la noche pasado miércoles 22 de marzo fue notificado sobre la citación a la indagatoria, en compañía de su abogado, para el día siguiente. Sin embargo, “el coronel ingresó en la noche del miércoles 22 de marzo al Hospital Central de la Policía Nacional y salió el jueves a las 5:32 horas, con una incapacidad médica por cefalea. Esa misma mañana se excusó ante la justicia justificando su inasistencia, no obstante, le fue emitida una orden de captura”.
Igualmente, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de Twitter asegurando que él fue el encargado de coordinar todo el operativo en San Vicente del Caguán. “Yo soy el Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares. Soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá”.
El jefe de Estado lanzó además varios cuestionamientos a la decisión emitida el pasado jueves: “No quiero jueces que presionen que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos, o se masacre a los manifestantes. Mis tropas jamás bombeardarán niños. Repondo ante el juez miliitar que juzga a mi jefe de policia en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil” (sic).
En contra del coronel también existe una investigación preliminar por parte de la Procuraduría General. n estos gravísimos hechos. Señala el ente disciplinario que, por publicaciones de SEMANA, se tuvo conocimiento de la “posible omisión en el apoyo requerido por policías del departamento de Caquetá, en la noticia titulada ‘”La vida no vale nada, ya nos mataron un compañero y estamos sin munición”: reclamo de policía tras violenta jornada en Caquetá’.
“De acuerdo con la información conocida por los medios de circulación nacional relacionada con los hechos ocurridos el día de hoy en zona rural de San Vicente del Caguán en Caquetá, donde al parecer se registraron algunos enfrentamientos entre integrantes de la fuerza pública y campesinos, que ocasionó dos policías muertos, y varios retenidos por la guardia campesina, sin que aparentemente se haya brindado apoyo a los mentados policiales”; advierte el Ministerio Público.
En el auto de cinco páginas, la procuraduría delegada para la fuerza pública ordenó revisar los informes sobre los hechos relacionados con el enfrentamiento entre agentes de la fuerza pública y campesinos. Así como acceder a todo el listado de los “miembros de la plana mayor del departamento y de la Región de Policía Caquetá, esto con el fin de establecer de manera urgente y prioritaria la línea de mando de los comandantes”.
Así como el listado de los funcionarios policiales de las diferentes especialidades, incluidos el personal de la Unidad Nacional del Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) “citando concretamente los comandantes, nombres completos, grados, cargos, dirección de correos electrónicos y teléfonos, que participaron en los hechos del 1 de marzo”.
El problema de orden público inició en la madrugada de este jueves 2 de marzo, cuando los manifestantes ingresaron a quemar las instalaciones de la empresa para exigir dinero, supuestamente para la comunidad, y el no cierre de la compañía. Otra de las exigencias es la pavimentación de 42 kilómetros de la vía.