Los problemas judiciales para el nombrado embajador en Reino Unido, Roy Barreras, no paran. Aunque hace apenas una semana la Corte Suprema de Justicia le cerró una investigación por enriquecimiento ilícito, ya hay otro proceso que está iniciando en el alto tribunal y tiene su origen en la denuncia que presentó el senador Jota Pe Hernández, según la cual, con la anuencia de Barreras se habrían direccionado millonarios contratos en el Canal del Congreso. El caso está en indagación previa.
Según pudo confirmar SEMANA, luego de la denuncia del senador Jota Pe, abierto detractor de Barreras, la Corte Suprema abrió el proceso en la que incluso ya fue a declarar el congresista denunciante.
La denuncia señala la posible corrupción se estaría presentando porque la empresa Dicitec, supuestamente cercana a Barreras, firmó un contrato con el Senado de la República por más de 8.000 millones de pesos para manejar la operación del Canal Congreso y se subcontrató a otra, llamada Espejo Público, dándole el manejo de 4.000 millones.
Según el senador de la Alianza Verde, la dueña de esta última empresa es la hija de John Jairo Uribe, un asesor de comunicaciones que ha trabajado más de diez años con Barreras, por lo que llama la atención de cómo una empresa pequeña recibe un contrato millonario. Es tal la cercanía de Uribe con el expresidente del Congreso que fue incluso la persona captada por las cámaras recogiendo un maletín con dinero en efectivo que había olvidado Barreras.
En su denuncia pública, Hernández también reveló que hay irregularidades en 95 contratos de la empresa que maneja el Canal Congreso y que a las personas se les estaría pagando mucho menos de lo acordado a los colaboradores. El senador de la Alianza Verde afirmó que, por ejemplo, Dicitec cobra más de ocho millones de pesos por contratar a una persona, pero en realidad le paga menos de seis millones, por lo que mensualmente, según él, se pierden más de 117 millones.
Entre los hallazgos que presentó Jota Pe en su denuncia, que no comprometen un delito, pero que consideró como un elemento de relación con el millonario contrato es que “la página de Facebook de La Fuerza de la Paz, partido de Roy Barreras, tiene un enlace que dirige a la empresa Espejo Público y no al sitio web de la colectividad”.
Al conocer la noticia, el mismo Roy Barreras respondió con un mensaje en su cuenta de Twitter en el que señaló que “la persecución no termina. Los odiadores no descansan. Paz para ellos. Pierden su tiempo. Llevo años soportando y desmontando calumnias, y montajes como acaba de anunciar la honorable Corte Suprema al fallar a mi favor”.
La pelea que se viene
Sobre este nuevo proceso agregó que “así lo demostraré frente a las denuncias temerarias y delirantes del youtuber odiador (Jota Pe Hernández) que en su inane declaración ante la Corte dijo que no le constaba nada. Pero hace el daño mediático. Vale recordar: los presidentes del Congreso no contratan nada”.
Justamente, según conoció SEMANA, la respuesta en los tribunales contra el senador Jota Pe ya está avanzando, y se basa en la misma declaración que entregó en la Corte Suprema de Justicia en la que, aseguran, no presentó pruebas y simplemente repitió el relato de su denuncia.
Así las cosas, la defensa de Barreras, al considerar que solo hay especulaciones, iniciará una acción patrimonial por daños punitivos, sumado al hecho que como servidor público las denuncias temerarias son sancionables.
Incluso, la acusación contra Jota Pe ya se convirtió en una indagación previa, pues sacó al aire un video que contendría información inveraz y sin verificación previa y ahora, como congresista, tendrá que responder disciplinariamente.