En una misiva de cuatro páginas, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez se fue lanza en ristre contra la magistrada de la sala de Justicia y Paz, Alejandra Valencia, quien firmó recientemente la decisión que revocó el fallo que suspendía las órdenes de captura que existían en contra del otrora jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En la carta enviada a los presidentes de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, así como al fiscal general de la nación, el excomandante paramilitar llama la atención por lo que considera una campaña en su contra tras ser designado como gestor de paz por parte del gobierno de Gustavo Petro.
“Eso no parece una coincidencia sino un campaña mediática diseñada para influir y condicionar las decisiones de la JEP, la Corte Constitucional y del Gobierno Nacional”, reseña Mancuso al cuestionar la decisión judicial y las declaraciones hechas recientemente por la magistrada, quien advirtió la necesidad de que el excomandante paramilitar siga compareciendo a los procesos que tiene pendientes.
El exjefe paramilitar aseguró que ya lleva 17 años privado de su libertad en los Estados Unidos, hecho por el cual ya cumplió la sentencia de ocho años de cárcel que le impuso la Sala de Justicia y Paz por los hechos que ejecutó durante el conflicto armado. Por esto niega que exista una opción para no seguir compareciendo ante las autoridades.
“Durante 17 años, he participado en casi 3000 audiencias judiciales desde el exterior como lo permite el artículo 39 de la Ley 975, atendiendo los requerimientos de las autoridades judiciales del país y, en consecuencia, honrando mis compromisos con la justicia colombiana. Esta participación permanente ha sido posible, incluso, en las condiciones más difíciles de privación de libertad en los Estados Unidos”, alegó en la carta.
En otro de los apartes, cuestiona el hecho de que la magistrada haya catalogado como “poco novedosa” la información que entregó recientemente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asegurando que se desconoce lo que mencionó y la independencia de poderes que existe en Colombia.
“Esta conducta no es simplemente indelicada, es una interferencia flagrante en una justicia prevalente, que traspasa los límites de la independencia de la justicia y su función judicial, demostrando una desconexión palpable con la metodología y la ruta de trabajo establecida por la JEP. Sus afirmaciones reflejan una falta de conocimiento y comprensión en el proceso, desestimando, por ejemplo, lo que hemos presentado bajo el enfoque de macro criminalidad, que en Justicia y Paz fue descuidado reiteradamente en sus fallos”, señala en otro aparte de la carta.
Finalmente, desmiente las versiones de la magistrada y asegura que jamás ha emitido una amenaza en su contra. En este sentido, señaló que, de haberlo hecho, el trámite normal hubiese sido solicitar su exclusión de los beneficios de esta ley creada tras la desmovilización de los paramilitares. Por ahora, asegura, esto no se ha pedido.
Por esto, Mancuso pide que se le remita un informe, de existir, frente a las denuncias o compulsas de copias hechas por la magistrada en su contra en referencia a las amenazas que supuestamente ha emitido en su contra. “Defender con vehemencia mis derechos no equivale a una amenaza. Si la magistrada encuentra o puede demostrar una amenaza de mi parte, debe obrar de acuerdo con la ley y solicitar mi exclusión de Justicia y Paz; de lo contrario, lo que se constituye es un acto de estigmatización de quienes, como yo, hemos despuesto las armas, admitido nuestras equivocaciones y buscado resarcirlas dentro de las reglas impuestas por una sociedad democrática y en un Estado de derecho”.
Incluso, fue más allá y aseguró que la misma magistrada ha emprendido una serie de presiones en su contra para afectar su proceso en la JEP y el estudio de la tutela ante la Corte Constitucional en la que reclama por la privación injustificada de su libertad en los Estados Unidos. “Su intervención en asuntos políticos y diplomáticos, que claramente excede su capacidad oficial y viola el principio fundamental de imparcialidad y separación de poderes, intenta influenciar decisiones de instituciones y países soberanos, asunto que debe ser tratado con la mayor seriedad”.