La sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, le otorgó la libertad a prueba por cuatro años al excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien el pasado 27 de febrero llegó deportado de los Estados Unidos, tras cumplir una condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
En la decisión judicial se tuvo en cuenta que el exjefe de las AUC no cuenta con otro requerimiento judicial y ha cumplido con sus compromisos de aporte a la verdad y reparación de las víctimas mediante la entrega de bienes.
“La libertad a prueba que entrará a gozar Salvatore Mancuso, con ocasión de este proceso acumulado, está sujeta a previa suscripción de diligencia de compromiso”, precisó la magistrada, quien fijó varias condiciones.
El excomandante paramilitar no podrá viajar sin permiso a los departamentos de Córdoba, Atlántico, Sucre, Norte de Santander y César, donde se presentaron varios actos delictivos comandados por Salvatore Mancuso y por los que ya fue sentenciado.
Igualmente, también tiene restricciones para ir a los municipios de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartado. “Esa restricción en su caso concreto tiene en cuenta no sólo el rol que tuvo Salvatore Mancuso Gómez en las Autodefensas Unidas de Colombia, donde está documentado que fue uno de sus fundadores, líderes y comandantes”, explicó la magistrada.
La visita a estos departamentos únicamente la podrá realizar avalado por el Gobierno, como parte de las funciones que realizará como “gestor de paz”. Sin embargo, la última palabra la tendrá Justicia y Paz, al evaluar la situación. “Deberán, en el término de cinco días hábiles antes, solicitar a este despacho la autorización para el desplazamiento, indicando las fechas, lugares y actividades a realizar, y, en audiencia pública que podrá ser reservada, si hay lugar a ello, luego de que los sujetos procesales ejerzan el derecho de contradicción, se analizará la viabilidad de autorizar cada uno de los desplazamientos que se requieran para el efecto”.
Según la jueza, estas restricciones solicitadas por la delegada de la Procuraduría General buscan garantizar “los derechos de los millares de víctimas directas e indirectas que fueron sujetos pasivos de esa tragedia humanitaria al ser revictimizadas”, por lo que se fijó una medida que cumpla con el propósito de “garantizarle en debida forma a Mancuso Gómez, su seguridad personal, la cual, de manera vehemente, ha venido indicado él y su defensa que consideran presenta alto riesgo, debido a los anuncios de sus aportes y contribución a la verdad que ha planteado en Justicia y Paz, en virtud de su solicitud como compareciente a la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Igualmente, el excomandante de los bloques Norte y Montes de María de las AUC no podrá realizar conducta o acto que atente contra los derechos de las víctimas ni verificará conductas que puedan ser consideradas como apología a la organización criminal de la que se desmovilizó o de cualquier otra”.
Igualmente, deberá presentarse cada tres meses en la secretaría de la sala de Justicia y Paz del Tribunal de Medellín (Antioquia) durante el término de libertad a prueba. Esto, debido a que el excomandante de las AUC pidió fijar su domicilio en esta ciudad.
Mancuso Gómez se encuentra actualmente privado de la libertad en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Picota, en Bogotá.
Según la Fiscalía General, Mancuso cuenta con 33 medidas de aseguramiento –según registra Justicia y Paz en Barranquilla– por 65.067 hechos delictivos, por lo que tiene pendientes 45 sentencias condenatorias transitorias.