Después del 17 de noviembre, el excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso Gómez, quedó con un pie en Justicia y Paz y otro en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Debido a esta situación reclamó este viernes una inestabilidad jurídica, por lo que pidió que todos sus procesos, que se cuentan por decenas, pasen a conocimiento al tribunal que se conformó después del Acuerdo de Paz firmado en el 2016.
En una extensa misiva, Mancuso Gómez anunció que apelará la decisión emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas con el fin que se ponga fin a esa inestabilidad jurídica que reclama. En cinco puntos el excomandante de las AUC, que se encuentra en una cárcel de Georgia, en los Estados Unidos, manifiesta que su caso quedó en vilo.
“La inseguridad jurídica prevaleciente (...) la inviabilidad de separar o escindir mi rol de bisagra de mi función como comandante de las AUC, esto es, sin ser militar, como un sujeto material y funcionalmente incorporado a la fuerza pública por el diseño y ejecución continuas de operaciones militares conjuntas entre los grupos de autodefensa y la fuerza pública”, reseña la misiva.
En otro de los apartes, Mancuso responde a los señalamientos que ha recibido recientemente y las críticas a la decisión de la JEP de aceptar su sometimiento “en su calidad de sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004″.
“Las proclamas de inocencia y las acusaciones de calumnia que recibo de expresidentes y exfuncionarios solo subrayan su negación frente a una colaboración manifiesta con las AUC, tanto en lo operativo como en lo financiero y político. Durante años compartimos el poder político y militar, lo que los hace cómplices, ya sea por acción o por negligencia, de la expansión y el poder de las autodefensas en el país”, indica.
En su extensa determinación, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que Salvatore Mancuso, quien comandó durante años los Bloques Norte y Montes de María de las AUC, que delinquían en el norte del país, actuó “como sujeto bisagra o punto de conexión, tuvo el poder para “mover los hilos” de estructuras militares, empresariales, políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango”.
La aceptación extraordinaria hecha por la JEP tuvo en cuenta la información entregada durante varias sesiones públicas y reservadas por el exjefe paramilitar, así como documentos que sostienen la alianza entre las Fuerzas Militares y de Policía, entre ellos el extinto DAS, con las AUC en diferentes operativos en contra de la población civil a los que acusaban de tener nexos con la guerrilla.
“En el segundo día de audiencia, las manifestaciones realizadas por Mancuso fueron presentes, efectivas, novedosas y suficientes para soportar la cantidad de operaciones conjuntas desarrolladas y la manera en cómo, a través del solicitante, el paramilitarismo copto la misionalidad de la fuerza pública al definir objetivos, incidir en la planeación de la operatividad de las unidades militares, disponer de la infraestructura material y de intendencia, y compartir información de inteligencia para el planeamiento operacional”, precisó la magistrada ponente en la determinación.
Además, se reseñó que Mancuso entregó información sobre “la estrategia de desaparición forzada” que se desplegó en la frontera con Venezuela, en la región del Catatumbo para ser más exactos. Todo esto bajo el conocimiento de la Fuerza Armada “para disminuir las denuncias nacionales e internacionales frente al incremento de la violencia”.
Finalmente, se señaló que durante las sesiones Mancuso mostró un compromiso para aportar a la verdad, reparar a las víctimas del conflicto, así como colaborar en la búsqueda de las personas desaparecidas por los bloques paramilitares que él comandó.