La Corte Constitucional le cerró la puerta definitivamente al impuesto que prohibía deducir las regalías del impuesto sobre la renta al sector hidrocarburos, después de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solicitara un incidente de impacto fiscal que supuestamente golpeaba la economía del país por casi 7 billones de pesos sin ese recaudo que salió de la reforma tributaria del Gobierno Petro.
Esta decisión se tomó después de que la Sala Plena concluyó que el ministro Bonilla no demostró las supuestas alteraciones de impacto fiscal que provocaban ese fallo. Y se constató, según la Corte, “que las cuatro alternativas de modulación propuestas por el MinHacienda violan la norma constitucional en virtud de la cual, bajo ninguna circunstancia, el IIF puede menoscabar los derechos fundamentales protegidos en la sentencia”.
Y es que el pasado 14 de mayo, el ministro Ricardo Bonilla tuvo la posibilidad de exponer en audiencia pública los graves efectos que iba a tener para la economía colombiana que se cayera la medida de deducir las regalías de la declaración de renta de las empresas de la industria extractivista.
El jefe de la cartera de Hacienda intentó buscar alternativas para resolver los problemas presupuestales de ingreso que se iban a presentar en el periodo 2023-2024, ya que serían casi 7 billones de pesos los que se iban a dejar de recaudar. De hecho, parte de ese recurso ya fueron usados el año pasado, ante de la decisión de la Corte.
Para el Gobierno, las alternativas estaban alrededor de diferir en tres plazos distintos los efectos del fallo de la Constitucional y disponer que el mayor valor del impuesto se reconociera como descuento en cuotas iguales entre los años 2024 y 2028.
Sin embargo, el alto tribunal volvió a decidir “negar la solicitud de impacto fiscal promovido por el Ministerio de Hacienda sobre la sentencia” y “en contra de esta providencia procede el recurso de insistencia”.
El incidente de impacto fiscal que radicó el ministro Bonilla abrió un espacio de diálogo entre el Gobierno, la Procuraduría General y la Corte Constitucional para determinar los efectos de la sentencia contra ese artículo de la reforma tributaria del Gobierno Petro. Pero los argumentos no fueron suficientes para tumbar la decisión que ya había tomado el alto tribunal el año pasado.
En la votación, el magistrado Juan Carlos Cortés salvó el voto y la magistrada Natalia Ángel del Cabo aclaró el voto. Mientras que los magistrados José Fernando Reyes, presidente de la Corte Constitucional, y Diana Fajardo reservaron la posibilidad de aclarar su voto.
Por otra parte, los magistrados Paola Andrea Meneses y Vladiminir Fernández, exsecretario jurídico de la Presidencia de Gustavo Petro, tenían impedimentos para votar dentro de esta decisión.