El senador del Partido Liberal Mario Castaño resultó ser uno de los funcionarios más corruptos del país, sus tentáculos se extendían a siete departamentos, en donde había cooptado alcaldes y gobernadores y, a través de ellos, cientos de contratos millonarios de obra pública se entregaban a dedo a cambio de jugosos sobornos. La red, que se calcula se apropió de más de 70 mil millones, se ha venido haciendo agua y ahora le llegó el turno a la novia del congresista, Daniela Ospina, quien se encuentra detenida en el Buen Pastor, y aceptó los cargos por su participación en la red corrupta.
En audiencia ante un juez de control de garantías, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a Ospina Loaiza el delito de peculado por apropiación, cargo que ella aceptó. Así mismo, la mujer manifestó su intención de también reconocer el delito de concierto para delinquir que le imputó la Fiscalía en marzo del año en curso, cuando fue capturada y judicializada.
Teniendo en cuenta lo anterior, y a cambio de recibir una rebaja en el monto de la pena por contar detalles de la operación criminal, Ospina Loaiza tendría una pena de cinco años de prisión en un centro carcelario y haría el reintegro de 80 millones de pesos.
“El material de prueba da cuenta de que esta persona sería una de las intermediarias del congresista señalado de coordinar la red ilegal y, al parecer, administraba los dineros y cubría los pagos a los demás integrantes del entramado criminal. De igual manera, se estableció que suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales con el Senado de la República por valor de 20 millones de pesos, pero no habría ejecutado las actividades contempladas”, señaló la Fiscalía.
Por último, se indicó que en los próximos días un juez de control de garantías se pronunciará sobre la aceptación de cargos y valorará la pena acordada.
Un triángulo amoroso
El lío para Castaño involucra a dos mujeres, si se quiere un triángulo amoroso y corrupto: su esposa y su novia. Primero fue capturada la persona más cercana y de entera confianza para Castaño, su novia, Daniela Ospina Loaiza, quien acaba de aceptar cargos. Pero ahora, en el radar de la justicia esta su esposa, Gloria Lucía Betancur, a quien le habrían encontrado más de 25 bienes que superarían los 13.000 millones de pesos. Una cifra que, por sus ingresos, resulta imposible de justificar. En medio del escándalo, la Fiscalía Anticorrupción pidió investigarla por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, lo que podría llevarla a una pronta imputación de cargos.
Los bienes a nombre de Betancur y Castaño, a los cuales ya se les está aplicando extinción de dominio, se encuentran ubicados en Medellín, Antioquia, Risaralda, Caldas y Bolívar. Son fincas, casas, lotes, vehículos y apartamentos, entre ellos uno ubicado en un lujoso sector de Cartagena.
A su otra pareja, Daniela Ospina Loaiza, Castaño la quería cerca. Tanto fue así que le consiguió un contrato en el Congreso por 20 millones de pesos mensuales, con una particularidad: no trabajaba, pasaba un reporte chimbo y así facturaba.
Entre su novia y su exesposa fluctúa el principal dolor de cabeza para Castaño. Si alguna de las dos levanta la mano para buscar colaboración con la justicia, se derrumbaría de una vez por todas el imperio criminal, pues nadie sabe como ellas los más íntimos secretos del senador.
Según se conoció, a las instalaciones del antiguo DAS, donde fue recluida inicialmente, llegaron mensajes para que no hablara, “que su problema lo arreglaban”.
De las palabras pasaron a los hechos. Cuando fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor, manos oscuras le dieron una jugosa suma de dinero a una reclusa, jefa de uno de los patios, para que la presionara, asediara, acosara y, como dicen en prisión, la convirtiera en su compañera a fin de controlarla. Tuvo que ser cambiada de patio.
Otro protagonista de primera línea es el prófugo Juan Carlos Martínez, conocido como el “hombre del maletín”, oscuro personaje considerado la mano derecha de Castaño. “Era la persona del billete”, a quien también le dieron un contrato en el Senado por no hacer nada y ahora estaría dispuesto a hablar.
Sin embargo, llama la atención una petición tan absurda como inusual. Martínez ha manifestado que colaborará, pero que no se entregará a la Justicia por temor. Plantea que sus testimonios o encuentros con los fiscales sean de manera virtual. Ha anunciado que estará dispuesto a contar lo que aún no ha emergido de este escándalo.
Más testigos
El segundo hecho demoledor es el respaldo que les dio un juez a dos de las personas de confianza de Castaño. Ellos pasaron a ser testigos contra la red de corrupción, que ya supera, en contratos manejados de forma irregular, los 110.000 millones de pesos.
Uno de ellos es otra mujer, la lobista Nova Lorena Cañón, a quien desde su captura intentaron callar. De hecho, es la que acaba de firmar un preacuerdo, junto con el contratista Santiago Castaño, para quedar en libertad a cambio de contar todo lo que sabe de este pacto criminal.
Funcionario que denuncie actos de corrupción recibiría un ascenso
Ante los constantes escándalos de corrupción que se presentan en el país, desde el Congreso y los diferentes gobiernos se han lanzado todo tipo de propuestas, entre las que están reformar las normas de contratación o elevar las penas a quienes incurran en delitos contra la administración pública.
Sin embargo, por lo visto hasta el momento, estas medidas no estarían teniendo el efecto disuasivo esperado. Por eso, al Congreso de la República acaba de llegar un nuevo proyecto de ley que le otorga un nuevo enfoque a la lucha contra la corrupción, pues se concentra en los incentivos a los denunciantes.
La iniciativa, presentada por el presidente del Partido Conservador, el senador Carlos Andrés Trujillo, indica que cuando un servidor público denuncia hechos de corrupción que ocurren al interior de su entidad, no solo recibirá “estabilidad laboral reforzada”, es decir, no lo podrán echar del trabajo, sino que también puede ser beneficiario de un ascenso.
Para el denunciante “se garantizará su estabilidad laboral y en caso de ser necesario se reubicará en entidades similares sin desmejorar sus condiciones laborales, al contrario, según el caso y su grado de instrucción, se promoverá a cargos de mayor jerarquía”, indica el texto de la iniciativa.
Para el caso de quienes están vinculados por contratos de prestación de servicios, la iniciativa señala que “se garantizará su continuidad y promoción en el cargo para que en el futuro” sean vinculados por nómina a la entidad correspondiente.
Pero los beneficios no paran ahí. Quien ponga la denuncia y esta se logre comprobar, recibirá los mismos incentivos económicos que ya contempla la ley colombiana para los informantes del Ministerio de Defensa.
Obviamente, quien interponga la denuncia, según el proyecto, deberá gozar de “absoluta reserva” y protección de su identidad.
Este proyecto se une entonces a una ley aprobada a finales del año pasado, promovida por la exvicepresienta Marta Lucía Ramírez, que otorga beneficios judiciales a quienes se han visto involucrados en casos de corrupción, pero ponen la denuncia y aportan información sobre los demás involucrados.