La tragedia que significa la muerte o incapacidad grave de un militar en el campo de batalla irónicamente se viene convirtiendo en un festín para abogados que están pendientes de estos casos, brindan sus “buenos oficios” en procesos judiciales largos pero con resultados ciertos de millonarias indemnizaciones, de las cuales terminan siendo los favorecidos, mientras que los soldados quedan contando monedas.

Además, habría demoras irregulares en los pagos que debe hacer el Ministerio de Defensa, lo que duplica la tasa de interés y multiplica el valor de las indemnizaciones. Son cientos los casos que se están documentando, como el del soldado profesional Luis Manuel Jiménez, quien en 2006, en el departamento de Caquetá, resultó gravemente herido luego de un ataque terrorista con explosivos por parte de la guerrilla de las Farc. Sufrió fractura de cráneo, perdió la vista del ojo derecho en un 77 por ciento, y aun así lo mantuvieron en el Ejército cuatro años más, hasta que en junta médica determinaron incapacidad de más del 50 por ciento por actos del servicio.

Pensó que sus súplicas habían sido escuchadas, se imaginaba un mejor futuro fuera del Ejército, pero fue todo lo contrario, empezó la segunda parte de su suplicio.

Pese a tener el concepto médico, el Ministerio de Defensa se negó a pagarle la pensión a la que tenía derecho y tuvo que buscar asesoría jurídica. Seis años después, en 2012, pasaba una difícil situación económica, tapando huecos y abriendo otros para poder vivir, pero aun así contrató a un abogado, quien luego de tres años y medio de proceso logró que, en 2015, le reconocieran el derecho a jubilarse.

En los años que duró el pleito, Martínez no tenía estabilidad económica y tuvo que recurrir a la supuesta caridad del abogado, quien le hacía pequeños préstamos que fueron cobrados con creces. Le había empeñado el alma al diablo.

El abogado le dijo al soldado que había salido una plata adicional en 2017, eran 20 millones de pesos. Las cuentas resultaron crudas, la mitad era para Martínez y el restante para el jurista por su trabajo. Sin embargo, como el abogado, como le había hecho préstamos al urgido exmilitar, en el cruce de cuentas, el soldado terminó debiendo dinero.

Martínez y su abogado perdieron el contacto y, buscando alternativas, inició un proceso para revocarle el poder. Contrató a otro abogado, el soldado retirado Abel Rojas, quien hoy defiende a militares afectados por la guerra y que han quedado desamparados por el Estado. En seguida se encontraron con una sorpresa; en una decisión reciente, un juez había ordenado al Ministerio de Defensa que le pagara a Martínez 82 millones de pesos. “El otro abogado me quería tumbar, nunca me informó de esa plata”, dijo Martínez a SEMANA.

Al conocer la nueva situación, Rojas, Martínez y el otro abogado se reunieron para cruzar cuentas y arreglar el tema por lo sano. Pero la sorpresa fue mayúscula para Rojas, cuando descubrió que su colega, el que había ayudado a Martínez inicialmente, le estaba haciendo varios cargos en la cuenta de cobro que no son legales, como el cobro del impuesto del IVA.

“Lo que pasa es que los soldados pecamos de ingenuos y creemos todo lo que nos dicen, incluso este abogado le había hecho firmar tres hojas en blanco a Martínez para tener derecho sobre su pensión”, explicó Abel Rojas. Tras el cruce de cuentas, acordaron que de los 82 millones de pesos solo 28 le correspondían a Martínez, porque el 30 por ciento era para el abogado por sus acciones y el pago de los intereses del dinero que le había prestado al exsoldado.

El cartel, el otro lío

Pero el desamparo que sufren los soldados como Martínez por parte del Estado o de las instituciones a las que les entregaron gran parte de su vida no para allí.

SEMANA logró documentar varias sentencias judiciales que ponen sobre la mesa lo que algunos, como el abogado Abel Rojas, se atreven a llamar un cartel de corrupción entre abogados y funcionarios del Ministerio de Defensa. Este medio confirmó que hay cerca de 8.000 casos como el del soldado Martínez, con sentencias judiciales que no se han pagado a la fecha. Fallos que vienen incluso desde el año 2015 y están generando miles de millones de pesos en intereses. Una vena rota que, según el propio ministerio, hasta el año pasado ascendería a los 5,5 billones de pesos.

SEMANA conoció el caso del soldado regular Marco Fidel Gamboa, quien prestó su servicio militar en el Ejército. El joven comenzó con dolores fuertes en su estómago, sus superiores no le pusieron atención y lo mandaron al área de operaciones. En el terreno su salud empeoró, las difíciles condiciones de la zona impidieron la atención y al trasladarlo ya fue demasiado tarde. Murió de peritonitis.

Su familia logró una conciliación con el Ministerio de Defensa en 2016, les pagarían 215 millones de pesos como indemnización. Sin embargo, solo fue pagada hasta este año y se duplicó su valor, superó los 500 millones, por los intereses moratorios.

Mauricio Muñoz, el abogado que llevó el caso, advirtió que “este es un claro ejemplo de negligencia que sucedió dentro de las Fuerzas Militares” y reconoció que las demoras resultan muy favorables económicamente para ellos como apoderados.

Así como este proceso, SEMANA documentó decenas de sentencias en las que se evidencia lo que para varios abogados es un desangre a los bolsillos de los colombianos. Por ineficiencia, falta de gestión o corrupción, el dinero que se está pagando se multiplica. Otro caso es el de José Dimas Guaza.

En 2013, el Juzgado Tercero de Florencia, Caquetá, declaró responsables al Ministerio de Defensa y al Ejército por lesiones físicas ocasionadas en hechos ocurridos el 27 de julio de 2009 en San Vicente del Caguán. Si la sentencia se hubiera pagado a tiempo, en 2021, el monto hubiera sido de 423 millones de pesos, pero como no se pagó, la deuda al 4 de mayo de este año ya superaba los 1.000 millones de pesos.

El académico y abogado Jorge Reyes, especialista en demandas contra el Estado, explica que el pago de las sentencias judiciales y acuerdos conciliatorios tienen unos tiempos que de no cumplirse generan intereses millonarios.

“Los 10 primeros meses luego de la sentencia se paga el 1,77 por ciento de interés mensual, es decir, en una sentencia de 100 millones se pagaría por mes en interés 1.700.000 pesos, pero si pasa del décimo mes se paga el interés moratorio que está en el 2,77 por mes, es decir, que el valor sería el doble”, explicó. Para Abel y para Reyes hay dos problemas graves que están siendo aprovechados por avivatos.

El primero, en casos como el de Martínez, los abogados “se aprovechan del desconocimiento de los uniformados y les hacen firmar prácticamente cheques en blanco con los que se llenan los bolsillos”.

El segundo, una posible alianza de corrupción entre abogados y funcionarios del Ministerio de Defensa con el propósito de demorar el pago de las sentencias para ganar millonarios intereses de mora. “Este es el negocio legal rentable más bueno que hay en el momento en el país; entre más se demoren en pagar las sentencias, más intereses generan”, señaló Reyes.

Por su parte, el exsoldado y ahora asesor Abel Rojas fue menos prudente e indicó que “lo que hemos podido establecer es que una vez se interpone la demanda, lo que hay es un acuerdo entre el apoderado del soldado herido con funcionarios corruptos que buscan dilatar el proceso, para que se demore el pago de las sentencias y se obtengan mayores intereses”.

Ante estas denuncias documentadas por SEMANA, se consultó al Ministerio de Defensa y allí indicaron que entregarían una respuesta en los próximos días, pero al cierre de esta edición no se había recibido comunicación alguna.