Las autoridades denunciaron que este domingo se han registrado bloqueos y hurtos a buses de servicio público en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.
Así lo reveló el comandante de la Policía Metropolitana, el general Eliécer Camacho Jiménez, en la cuenta oficial de Twitter de la institución, en la que se puede ver en directo la manera como varias personas realizan bloqueos en las vías de ese sector de la capital del país.
Igualmente, reseña que algunos desconocidos aprovechan la aglomeración para robar buses de transporte público que transitan por la zona.
“#AEstaHora Bloqueos y hurtos a buses de transporte público”, señaló la Policía Metropolitana de Bogotá.
Ante esta situación, la concejal de Bogotá Lucia Bastidas le pidió a las autoridades retomar el control en ese sector de la ciudad.
“Los dejaron avanzar a los vándalos de la primera línea. Eso es terrorismo , captúrenlos”, señaló la cabildante.
La concejal también reportó que una difícil situación para los habitantes del sector de Chicalá, en límites entre Bosa y Kennedy.
“El vandalismo haciendo de las suyas a esta hora en el sector de Chicalá. En serio hasta cuándo van los vecinos del Portal Americas tienen que soportar esto. @ClaudiaLopez el desgobierno es evidente vecinos desesperados @SeguridadBOG @personeriabta”, indicó.
“Han pasado más de 5 meses desde que empezaron las protestas que desencadenaron rápidamente en vandalismo que acabó con el espacio público, con el transporte público, que asesinó a un joven ingeniero, pero y sobre todo con la tranquilidad de los vecinos cercanos a los portales y en especial los del Portal de Las Américas que viven en constante zozobra acompañada de miedo e incertidumbre”, dijo a SEMANA la concejal.
Agregó que “allí hay adultos mayores y bebés, familias enteras abandonadas por la institucionalidad alcaldía y sus entidades y la Personeria de Bogotá”.
“Ahora se ven por todas partes anuncios de se arrienda o se vende, y ven con Tristeza que si predios se devaluaron, el trabajo de toda una vida”, señaló.
Puntualizó señalando que “hoy los vándalos de la primera se instalaron desde temprano en el parque el mundo, sitio de encuentro de los mal llamados primera línea, custodiados por las Secretarías de Seguridad y Gobierno y ahora están acabando buses en Chicalá y por la Av Ciudad de Cali, atacando con bombas incendiarias. Alcaldesa la ciudadanía se cansó y se siente abandonada. ¿Hasta cuándo van a permitir los desmanes?”
Buscan imponer sanciones más duras a quienes cometan actos de vandalismo
El representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, es autor de un proyecto que está ‘ad portas’ de discutirse y que buscaría frenar y evitar la violencia que se evidenciaron en el país hace unos meses.
Colombia fue testigo de cómo encapuchados y grupos delincuenciales y al margen de la ley infiltrados, según información de las autoridades, dañaron infraestructura pública y privada de las principales ciudades del país afectando a millones de colombianos.
A pesar de que el Código Penal ya establece sanciones y condenas para algunos de estos delitos, el congresista uribista busca imponer otras medidas más simbólicas que puedan evitar que se vuelvan a presentar estos hechos.
En esencia lo que busca Rodríguez con la iniciativa es que se protejan, no solo el mismo derecho a la protesta pacífica, la cual se debe diferenciar, sino la legitimidad de los ciudadanos que no participan de las manifestaciones y que se ven afectados, así como la propiedad privada.
Una de las definiciones que se aclara en el proyecto es que se entiende por vandalismo todo el ejercicio que tiene como propósito destruir, dañar, deteriorar o saquear de manera total o parcial los bienes públicos o privados.
La iniciativa promete abrir un debate de heridas que aún no sanan. Uno de los puntos que generará mayor polémica será que se propone crear una base de datos que sería administrada por la Procuraduría General, la cual será de carácter público, en la que se registrarán a las personas que cometan actos vandálicos.
“Una vez haya finalizado el proceso de imposición de la sanción por parte de la administración local, esta se encargará de enviar la información del sancionado a la Procuraduría General de la Nación para que pueda ser incluida dentro de la base de datos de actos vandálicos”, propone el proyecto del congresista uribista.
Igualmente, dice que esta información reposará en esta base de datos durante los siguientes 2 años después del cumplimiento de la infracción, con el fin de que pueda ser verificada por la Policía, entidades del Estado y hasta particulares. Allí se detallará toda la información de la sanción impuesta.
Asimismo, de aprobarse, deberá ser responsabilidad del infractor acudir ante las autoridades para que la Procuraduría pueda actualizar el estado del cumplimiento del procedimiento, y así saldar esa deuda.
También se contemplan medidas correctivas que pueden ir desde participación en programas comunitarios, prohibir la salida del país, no poder contratar o renovar contratos con cualquier entidad del Estado, no ser nombrado o ascendido en cargos públicos y no poder renovar el registro mercantil en cámaras de comercio.
Por otro lado, la persona que cometa actos vandálicos acarrearía sanciones económicas. Por ejemplo, se le impondría una multa tipo 4 que corresponde a 32 salarios mínimos legales vigentes. Y deberá indemnizar el bien afectado, luego que un perito experto en daños haga una valoración.
El proyecto dice que si la persona que comete actos vandálicos no puede pagar la multa, deberá cumplir labores en programas de trabajo social de limpieza y reconstrucción del espacio público. Además, se propone que cumpla servicio militar obligatorio, a menos que esté excluido en alguna de las causales de exoneración.
Por otra parte, los gobiernos locales deberán establecer los programas de servicio social que cumplirán sobre quienes se determine que cometieron actos vandálicos. Se aclara que se dará como opción que la persona pague el dinero que debe o que cumpla el trabajo social.
La iniciativa propone que quienes sean sancionados por vandalismo también quedarían inhabilitados para aplicar a instituciones de educación superior por 2 años. El representante por Bogotá aclara que estas sanciones serían adicionales a las responsabilidades penales que se determinen para cada caso en particular.
El proyecto está a espera de discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y dependiendo de cómo avance el trámite de las demás iniciativas, podría comenzar a debatirse en los próximos días.