Seis uniformados de la Policía resultaron heridos después de que cayeran en un campo minado mientras realizaban erradicación de cultivos ilegales en el departamento de Bolívar durante la tarde de este viernes, 21 de junio. Según las primeras informaciones, los afectados adelantaban labores entre los municipios de Cantagallo y San Pablo, cuando ocurrió el lamentable hecho.
Un helicóptero se acercó hasta la zona para poder llevar a los seis lesionados hasta el municipio de Barrancabermeja, donde posteriormente serán trasladados a diferentes centros médicos. Hasta el momento se desconoce con exactitud el estado de salud de los involucrados, pero se habla de que sufrieron múltiples lesiones por la explosión y están delicados.
Por lo pronto, se está a la espera de un parte médico para conocer cómo está cada uno de los policías. Las autoridades deberán adelantar las respectivas investigaciones para poder esclarecer qué grupo armado u organización criminal puso estas minas que terminaron lesionando a los agentes.
En esta zona de Bolívar hay presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de diferentes grupos criminales que pelean por el control del sitio, uno de los más afectados por la violencia. Se está a la espera de que la Policía entregue más detalles de lo ocurrido en esta parte del país.
Los uniformados lesionados fueron identificados como Jhon Alexander Fernández Cobo, Denilson Obando Montenegro, Juan Carlos Ramírez, Deivy Jhosep Villegas y Alexis Julian Muñoz.
Un flagelo que se sigue presentando
De acuerdo con un informe del Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las Minas (Unmas), durante 2023 en Colombia se reportaron 99 víctimas por minas antipersonal, municiones sin explotar o artefactos explosivos improvisados. De esta cifra, 60 de los afectados fueron civiles y 39 miembros de la fuerza pública.
El documento precisa que los departamentos que reportaron mayores víctimas fueron Nariño, Chocó, Cauca y Bolívar, territorios que concentraron el 80 % de las víctimas reportadas. “Con el reporte de nuevas víctimas preocupan los desafíos que estas enfrentan para el acceso a la rehabilitación integral”, señala Unmas.
El Servicio indicó en su informe que a esta problemática, que era una de las principales acciones de los grupos armados durante el conflicto armado, se le suma la dificultad que tienen las víctimas para acceder a servicios esenciales y a las rutas de atención, especialmente en las comunidades étnicas que, para 2023, representaron el 22 % del total de las víctimas.
Asimismo, se señaló que para el año mencionado al menos el 11 % de los desplazamientos y el 9 % de los confinamientos en el país estaban relacionados con la presencia de minas antipersonal.
“El desplazamiento forzado y el confinamiento son, igualmente, violaciones graves a los derechos humanos de las comunidades afectadas, ya que se restringe la libre movilidad, el uso y aprovechamiento de los territorios, que a su vez deriva en un deterioro en el acceso a servicios básicos como educación, salud y alimentación, y limita la entrada de ayuda humanitaria, dejando en mayor vulnerabilidad a las comunidades”, puntualizó Unmas.