La solicitud de imputación en contra de Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, estaba condensada en tres páginas y se hizo ante el Tribunal de Bogotá. Ahora se conoció que el ente acusador se lanzó con la acusación al excandidato presidencial por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Formalmente presentaron el escrito de acusación ante la Corte Suprema de Justicia, que será la encargada de juzgar al exmandatario departamental.

El pasado 5 de mayo la Fiscalía hizo la imputación en contra de Fajardo tras considerar que es responsable de las conductas que fueron materia de investigación, al parecer el exgobernador y excandidato presidencial, como ordenador del gasto en el departamento de Antioquia, autorizó y firmó un contrato, empréstito, con un banco por un valor de 77 millones de dólares, que en criterio de la Fiscalía no cumplió con los requisitos de ley y además se convirtió en un detrimento patrimonial para el departamento.

“Al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos”, señaló en la solicitud de imputación la Fiscalía.

El exmandatario departamental se declaró inocente de los cargos que imputó la Fiscalía y ahora deberá asistir a la Corte Suprema de Justicia para escuchar la acusación que hará el ente acusador en su contra y que abre al mismo tiempo el juicio donde el exgobernador tendrá la posibilidad de demostrar su inocencia.

“El 27 de mayo solicitamos ser escuchados por Naciones Unidas por el caso del crédito del Dpto. de Antioquia. Hoy fuimos convocados de manera presencial y ampliamos la información sobre la actuación en mi contra del fiscal general. Pedimos plazo razonable para defendernos en la CSJ”, comentó el exgobernador a través de su cuenta de Twitter.

La investigación que adelantó la Fiscalía también tiene un capítulo en la Procuraduría; desde 2017 el Ministerio Público ordenó la apertura de una indagación en contra del excandidato presidencial.

“Por las presuntas irregularidades del contrato de sustitución de deuda, la Procuraduría General de la Nación ejerce la función misional de intervención con el Procurador 4 Delegado para la Investigación y Juzgamiento Penal”, explicó la Procuraduría al conocer las decisiones de la Fiscalía con la imputación de cargos.

En la acusación, la Fiscalía enumerará los hechos que son materia de investigación y por qué consideran que debe ser condenado en las dos conductas que ahora son objeto de esa acusación contra el exgobernador en un momento coyuntural para las campañas electorales.

En la imputación de cargos la Fiscalía expuso todo su arsenal probatorio en una diligencia que sirvió al mismo tiempo para conocer los argumentos jurídicos del ente acusador para revivir un caso que estaba engavetado hace ocho años y que ahora se convierte en un elemento de judicialización.

“Los análisis técnicos, financieros y jurídicos de la policía judicial evidenciaron que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera. Tampoco existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”, dijo la Fiscalía en la imputación.

La defensa de Fajardo tendrá la oportunidad en el juicio de demostrar la inocencia de su cliente y de cómo era poco predecible suponer, para un mandatario, la volatilidad del dólar en el futuro cuando se adelantan decisiones de orden económico.