El próximo 30 de noviembre es la fecha de vencimiento para encender las turbinas del proyecto Hidroituango en el departamento de Antioquia. Esa fecha también se convierte en el punto de partida para nuevas investigaciones en cabeza de la Fiscalía general de la Nación, así lo anticipó el jefe del ente acusador.
El fiscal Francisco Barbosa aseguró que si no prenden las turbinas en esa fecha, intervendrán de manera inmediata para establecer la comisión de hechos con una carga presuntamente penal y que será competencia de la Fiscalía, de ahí que estarán muy pendientes del resultado de estás actividades a cargo de Hidroituango.
“Algunos hechos que son constitutivos de delitos en las diferentes fases, estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento que se ha dicho es el 30 de noviembre, en caso de que no ocurra pues ustedes entenderán que habría posibles responsabilidades penales, fiscales y la Fiscalía General de la Nación está encima de este asunto por ser un asunto además de prioridad nacional”, dijo el fiscal.
El fiscal explicó que con anterioridad se adelantaron las investigaciones que incluso llevaron a imputación de cargos en contra de funcionarios y contratistas que estarían involucrados en presuntos hechos irregulares en el desarrollo del proceso de adjudicación y puesta en marcha del proyecto de la hidroeléctrica de Ituango en el departamento de Antioquia.
“Es que formulamos unas importaciones hace ya un mes y medio sobre la base de diferentes hechos que apareció la Fiscalía son constitutivos de delitos en las diferentes fases estamos muy pendientes de la puesta en funcionamiento de hidroituango”, dijo el fiscal tras insistir que el ente acusador intervendrá el proyecto en caso de seguir sin funcionamiento.
Para la Fiscalía es necesario analizar los hechos que puedan constituirse en delitos y que lleven a investigaciones de carácter penal, pero el tema es puntual. Incluso con fecha, si este 30 de noviembre no encienden las turbinas, los que prenderán motores serán los fiscales de la dirección anticorrupción del ente acusador.
“La contundencia del material probatorio obtenido por un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y su equipo de trabajo, permitió la imputación de tres personas implicadas en irregularidades en la contratación de un tercer túnel o galería auxiliar como parte de las obras de desviación del Río Cauca dentro del proyecto Hidroituango”, dijo en su momento la Fiscalía.
Para la Fiscalía y en el desarrollo de la obra, se presentaron retrasos relacionados con la entrada en operación de la primera unidad generadora de energía; esto se atribuye a falta de planeación en la construcción de las obras de desviación del proyecto, que incluía la construcción de dos túneles para la desviación del Río Cauca, obras a cargo del consorcio CTIFS.
Las primeras imputaciones incluyeron a Luis Javier Vélez Duque, Wilson Chinchilla Herrera y Álvaro León Ospina Montoya, quienes desde los cargos que ocupaban en Empresas Públicas de Medellín, según la Fiscalía, participaron en el trámite y celebración de contratos para la implementación y contratación de obras para la desviación del río Cauca, por fuera de lo diseñado y licenciado, por más 339.000 millones de pesos.