A esta hora la Policía y el Ejército se encuentran realizando operativos de búsqueda para capturar a un soldado que se encontraba prestando el servicio militar y quien le habría disparado a un compañero para robarle el fusil.
Fuentes militares indicaron que los hechos se presentaron en las casas fiscales Santa Ana, que se encuentran ubicadas en el Cantón Norte. Al parecer, los dos militares se encontraban prestando servicio allí, y uno de ellos habría decidido ejecutar el hurto. Para logar el cometido, habría atacado a su compañero, disparándole y dejándolo en estado de indefensión, quitándole el arma de dotación.
“De manera preliminar y en hechos que son materia de investigación, en las instalaciones del Cantón Norte, un soldado que realizaba labores de seguridad resulta herido por impacto de arma de fuego, al parecer propiciado por uno de sus compañeros”, informó, por su parte, el Ejército.
Luego de haber herido al otro militar, el soldado victimario le habría quitado el fusil, dándose a la huida con dos armas de fuego. Es de recordar que no es la primera vez que se presenta un hurto de elementos al Ejército por funcionarios activos, como ocurrió en el pasado mes de abril con el caso de dos sargentos.
Dos sargentos del Ejército se habrían robado armas, munición y uniformes de almacenes militares, ¿a quién se los entregaban?
La Fiscalía General de la Nación presentó a dos sargentos, Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano, ante un juez de control de garantías por su posible responsabilidad en la extracción ilegal de armas, munición, uniformes y otros elementos de los batallones y fuertes militares para fines de tráfico ilícito.
Con las pesquisas, las autoridades establecieron que ambos funcionarios se aprovecharon de sus posiciones y cargos para obtener estos materiales de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y ponerlos a disposición de particulares. La investigación reveló que el sargento Rodríguez Lancheros desvió sistemáticamente armas y munición para fusil mientras trabajaba como bodeguero en una sede militar en Medellín. Se sospecha que continuó con esta actividad ilegal después de ser trasladado a un batallón en Chocó.
Durante su captura en un inmueble en Medellín, se encontraron 300 cartuchos para fusil, vainillas de proyectiles percutidos, uniformes y un casco del Ejército Nacional.
A este hombre, la Fiscalía General le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Por su parte, el sargento Angulo Lozano también es señalado de contribuir a la desviación de armamento y munición para fusil, y la adulteración de los inventarios para ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas.
Durante una inspección al almacén a su cargo, se constató un faltante de 28.000 cartuchos calibre 5.56. La Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Ambos acusados negaron los cargos y permanecerán bajo medida de aseguramiento intramural.
Capturados militares que habrían robado armas del Ejército para venderlas a ilegales
El 27 de marzo de 2022, fueron capturados seis militares involucrados en el tráfico de armamento oficial para las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, según informó la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado oficial.
La investigación la llevó a cabo la Fiscalía a través del CTI y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, junto con la Dirección de Contrainteligencia del Ejercito Nacional, los cuales lograron demostrar el tráfico ilegal que cometían los militares.
Entre los capturados hay dos sargentos, uno de estos que ya se encontraba en retiro, y cuatro soldados profesionales más del Ejército Nacional que desviaban armamento, material de intendencia y munición para posteriormente venderlo a grupos ilegales.
Los uniformados cometían este delito por medio de actas falsas en las que presentaban como pedido el armamento y el material que se encontraba en batallones de Bogotá, Caquetá, Meta, Putumayo, Tolima, Antioquia, César y La Guajira.