La última palabra sobre la investigación que se adelanta contra el excandidato a la Presidencia y efímero senador, Rodolfo Hernández, la acaba de dictar la Corte Suprema de Justicia que por su fuero de congresista había asumido este caso. Al renunciar a su curul, el proceso que se adelanta por el delito de interés indebido en la celebración de contratos regresa a la justicia ordinaria, y el “ingeniero” ahora será estará bajo la lupa de un juez de Bucaramanga.
La Corte Suprema de Justicia, en una decisión que aclara la competencia investigativa contra Rodolfo Hernández, determinó que la investigación que lo compromete porque, cuando se desempeñaba como alcalde de Bucaramanga, presuntamente dio la orden para direccionar un contrato que tenía la finalidad de “hacer unos estudios para realizar la evaluación técnica, ambiental, financiera y jurídica para implementar una nueva tecnología en el sitio de disposición final de residuos sólidos denominado El Carrasco que opera la empresa de aseo de la capital de Santander”, debe ser asumida, ahora como ciudadano común, sin fuero de senador, por un juez de esta ciudad.
Así las cosas, y tal como señala la Corte, el expediente se remitirá al Juzgado Décimo Penal con funciones de Conocimiento del Circuito de Bucaramanga, que será el encargado de determinar la responsabilidad penal de Rodolfo Hernández, quien como alcalde de esta ciudad y miembro de la junta directiva de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, habría ordenado José Manuel Barrera Arias, gerente de esta entidad, que el contrato, que supera los 336 millones de pesos le fuera entregado a la firma Vitalogic.
¿En qué consiste el caso Vitalogic?
El domingo 16 de mayo de 2021, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Rodolfo Hernández Suárez, a otros cinco excolaboradores de su administración y a un contratista, por presuntas irregularidades detectadas en la celebración de un contrato de consultoría para implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco.
La Fiscalía ha dicho en varias ocasiones que tiene las pruebas para demostrar que el contrato fue entregado por el candidato a la empresa, aunque él insiste en su inocencia.
Cabe anotar, además, que en audiencia virtual ante el juez Décimo Penal del Circuito de Bucaramanga, un fiscal de la Seccional Santander señaló que el exmandatario Rodolfo Hernández, quien ejerció el cargo en el período 2016-2019, habría intervenido para direccionar el Contrato de Consultoría 096 de 2016, suscrito entre la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) y el ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala, quien de acuerdo con el material probatorio recaudado tendría relación con la empresa Vitalogic.
Por las supuestas anomalías identificadas en el citado contrato, cuyo valor ascendió a 336 millones de pesos, el exalcalde deberá comparecer en juicio oral como presunto responsable del delito de interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía también acusó por estos mismos hechos a los exfuncionarios de Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab): José Manuel Barrera, exgerente; Rubén Enrique Amaya, jefe de disposición final; César Fontecha, exdirector jurídico; Abelardo Durán Leiva, exsubgerente técnico y operativo; Abigail León, exsubdirectora administrativa y financiera, y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala. Estas personas fueron vinculadas por el ente acusador por delitos como: falsedad ideológica, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.