La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra el congresista del Partido Conservador Wadith Manzur, después de las nuevas revelaciones que hizo en SEMANA el entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López. El exdirectivo señaló que el actual presidente de la Comisión de Acusación, encargada de investigar al presidente Petro, “se vendió” al Gobierno nacional.
En entrevista con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, López prendió el ventilador sobre el escándalo de corrupción en la UNGRD y que ha sacudido al gobierno de Gustavo Petro. En esas explosivas revelaciones, el exdirector señaló que al congresista del Partido Conservador Wadith Mazur lo compró el Gobierno. Categóricamente, señaló que “se vendió”.
“Este tema de los carrotanques va más allá de los vehículos. Toca a aforados. Para darte solamente un nombre, el presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso”, dijo López.
Frente a ese grave señalamiento, el congresista conservador decidió enviarle a la Sala de Instrucción de la Corte una carta en la que pedía ser investigado por las recientes declaraciones de Olmedo López en SEMANA. El caso de inmediato fue asignado al magistrado Héctor Javier Alarcón, quien decidió abrir una indagación previa.
Uno de los magistrados que se declaró impedido en conocer esa indagación fue Francisco Farfán, teniendo en cuenta que la propia Comisión de Acusación, que lidera Manzur, investiga al togado por la supuesta filtración de información que habría salido de su despacho sobre la investigación que se adelanta contra el senador José Alfredo Gnecco, por presunta compra de votos para llegar al Congreso en 2018.
A Farfán le tocó salir 3 meses de licencia no remunerada para defenderse en ese proceso, mientras que el fantasma del escándalo lo perseguía por las graves denuncias que lo vincularon con unos supuestos beneficios que le habría dado al clan Gnecco en los procesos judiciales que él mismo estaba liderando.
SEMANA conoció que la Comisión de Acusación va a recoger las dos últimas pruebas para determinar si la investigación contra Farfán se archiva o sigue su curso. Una de esas pruebas sería la declaración de María Eugenia Molina Rojas, tía del magistrado, quien habría salido mencionada en el proceso como el enlace con los Gnecco para filtrar la delicada información que maneja el despacho del integrante del alto tribunal.
Después de los graves señalamientos de Olmedo contra Manzur, el congresista le respondió por medio de una carta, asegurando que nunca ha tenido relación con los hechos en los que fue mencionado. Y anunció que presentará una denuncia a la Fiscalía por calumnia agravada.
“Tengo la plena certeza [de] que el señor Olmedo López le miente al país, con su método pretende generar caos, buscando beneficiarse y construir su principio de oportunidad y no pagar ni un solo día de cárcel”, aseguró Manzur.
“Le he pedido a la Corte Suprema de Justicia que investigue mi conducta, y que llame al señor Olmedo López a declarar en esta investigación con el fin de esclarecer los hechos; no es lo mismo mentir ante los medios de comunicación que ante las instancias judiciales. Quien mienta en esta última incurrirá en el delito de falso testimonio”, afirmó el congresista del Partido Conservador.
Por ahora, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema decide sobre el impedimento de Farfán para conocer más sobre este caso, mientras que el magistrado Héctor Alarcón quedó a cargo de toda la indagación previa que hoy tiene en la mira a otro congresista, esta vez a Wadith Manzur, en todo el escándalo de corrupción de la UNGRD.