Sumado a la decisión del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, de suspender y retirar del cargo al director de la cárcel La Picota en el sur de Bogotá, tras la revelaciones de SEMANA y la parranda organizada por los extraditables en un pabellón de este centro de reclusión, la Procuraduría asumió la investigación disciplinaria.

El objetivo del ente disciplinario es tratar de establecer quiénes serían responsables de los hechos, aparentemente de corrupción, que permitieron el ingreso de todo tipo de licores, presentaciones en vivo y hasta juegos de azar en el llamado pabellón de extraditables de la cárcel La Picota.

“La Procuraduría abrió indagación preliminar para establecer responsabilidades de guardianes y otros funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que habrían facilitado el ingreso de sustancias prohibidas, licores, alimentos y visitantes de manera irregular para la fiesta que se realizó en el patio de extraditables de la cárcel La Picota en Bogotá el pasado 29 de septiembre”, dijo el Ministerio Público.

El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte, advirtió que la entidad hará las verificaciones del caso y esperan concretar la responsabilidad de funcionarios del Inpec, que estaban en la fecha y hora de los hechos, los mismos que debieron garantizar el orden en el establecimiento carcelario.

“Designar como funcionario especial de instrucción al titular de la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1. Para la Defensa de los Derechos Humanos, para que asuma el conocimiento de las actuaciones disciplinarias de que trata el radicado E-2022-567867, así como aquellas que se desprendan de lo expuesto en la parte motiva de esta Resolución”, señala la resolución que abre paso a la investigación.

En la misma resolución, la Procuraduría advirtió que se adelantarán la práctica de pruebas con el ánimo de determinar si los funcionarios de la guardia del Inpec, que estaban en ese día de custodia, tendrían algún grado de responsabilidad en la llamada parranda de los extraditables.

“Para la Defensa de los Derechos Humanos, para comisionar a funcionarios de su dependencia, con el fin de que practiquen las pruebas que se ordenen en el transcurso de las actuaciones disciplinarias, así como para solicitar el apoyo técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación o de otros órganos del Estado”, explica el documento conocido por SEMANA.

Justamente en las denuncias reveladas por SEMANA se advertía que la Procuraduría tenía en su poder varias investigaciones por hechos diferentes, pero que ocurrieron en la cárcel La Picota y a la fecha no se conocían decisiones. Lo que esperan los funcionarios, que han hecho las denuncias, es que en esta oportunidad tomen las determinaciones urgentes que requiere el centro penitenciario.

En ese orden de ideas, los funcionarios también aseguran que es necesario la intervención de la Fiscalía, pues en su poder hay expedientes completos con las pruebas y las evidencias de hechos de corrupción de funcionarios que se mantienen en sus cargos, incluso después de decisiones importantes como cambiar los directores del penal.