Después del segundo intento, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó para su estudio la demanda que presentó la multinacional Thomas Greg & Sons en contra del Estado colombiano por el lío del millonario contrato de los pasaportes. En la acción judicial se reclaman 115 mil millones de pesos después que la Cancillería declarara desierta la licitación en este proceso de contratación.

En la demanda presentada en contra de la Cancillería y el Fondo Rotario del Ministerio de Relaciones Exteriores, la multinacional advierte por las graves fallas que se presentaron durante el proceso licitatorio. Pese a que en una primera instancia la demanda había sido rechazada por no cumplir todos los requisitos, este jueves tras revisar las correcciones se consideró que es menester entrar a evaluar el caso.

“Con ocasión de la petición radicada el 5 de marzo de 2024 por la unión temporal Pasaportes 2023 ante el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, para obtener la suscripción del contrato, dicho fondo no accedió por considerar que la decisión de revocar las resoluciones que aquí se controvierten fue adoptada con posterioridad a la competencia asumida por esta jurisdicción”, alegaron los demandantes.

Además de la millonaria indemnización que pide la unión temporal, la demanda también solicita declarar nulo el acto administrativo con el que la Cancillería declaró desierto el proceso de licitación por casi 600 mil millones de pesos para la elaboración de pasaportes en Colombia.

Instalaciones de la Cancillería de Colombia.

Y es que la Procuraduría tiene suspendido y en juicio disciplinario que se reanuda este 11 de abril, al canciller Álvaro Leyva, al considerar que existieron faltas gravísimas por declarar desierta la licitación de ese contrato y después decretar una urgencia manifiesta sin que, al parecer, tuviera razones fundamentales para hacerlo.

Con ese recurso pendiente por resolver, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió “admitir la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó la unión temporal Pasaportes 2023 contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con esa notificación de aceptación de la demanda, el Tribunal le dio un mes a Thomas Greg & Sons para que aporte el dictamen pericial de la demanda, mismo plazo que tendrá el Ministerio de Relaciones Exteriores para que envíe una copia digital de sus actuaciones a la parte demandante y a la propia Procuraduría.

Este proceso ha desatado toda una tormenta política que hoy tiene contra las cuerdas al canciller Leyva, dejó insubsistente al exsecretario general de ese ministerio José Antonio Salazar, provocó la salida de Martha Lucía Zamora a cargo de la dirección de la Agencia Jurídica del Estado y hasta tumbó la llegada del exmagistrado Gustavo Gómez Aranguren a esa última entidad, tras manifestar que su labor era cumplir la ley frente al proceso de los pasaportes.

La nueva demanda que se radicó el pasado 27 de febrero pone de nuevo en la palestra judicial el proceso de licitación que adelantó la Cancillería para el tema de los pasaportes, y que de momento deja una gran controversia jurídica con Thomas Greg, la unión temporal que se había ganado el contrato, pero que después se quedó con las manos vacías después de que el gobierno de Gustavo Petro declaró desierto el proceso.

Hace tan solo una semana el Gobierno Petro le revocó las resoluciones que le entregaban la licitación de pasaportes a la UT, y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que el contrato actual se cumplirá hasta octubre de este año.