Como si se tratara de una historia cíclica, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá volvió a tumbar la condena de cinco años y diez meses de prisión que se había emitido el pasado 7 de junio contra el empresario Carlos Mattos por sobornar con 100 millones de pesos a una jueza de la República.
Tras resolver el recurso de apelación presentado por la defensa, la Sala Penal consideró que se debía revisar el caso puesto que en la sentencia no se estableció si se presentó un incremento patrimonial a favor de Mattos.
De esta manera, el expediente deberá regresar al juzgado once de conocimiento de Bogotá para que revise esta situación. En este caso, Mattos había reconocido haberle enviado el dinero en efectivo a la jueza 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, después que dejara en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron para seguir comercializando vehículos de la marca coreana Hyundai en Colombia.
El despacho judicial deberá citar a una nueva audiencia para escuchar la intervención de todos los sujetos procesales (Fiscalía, Procuraduría y Rama Judicial) para conocer su posición, exclusivamente, frente al tema del incremento patrimonial. En esa diligencia judicial se le manifestara que no puede recibir ningún beneficio en la condena de no reintegrar el dinero producto del incremento.
El pasado 4 de junio, el mismo Tribunal anuló la condena de nueve años de prisión impuesta contra Mattos por haber sobornado a funcionarios y empleados de la Rama Judicial para que alteraran el sistema de reparto y la demanda llegara directamente al despacho del juez sexto civil municipal de Bogotá, Reynaldo Huertas, quien falló en tiempo récord, ordenando las medidas cautelares a favor de Mattos.
En la decisión se consideró que Fiscalía no cumple con requisitos como reintegrar dineros obtenidos ilegalmente y no repara a las víctimas. “La Sala comparte el criterio expresado por el delegado del Ministerio Público cuando señaló que no basta que el delegado de la FGN o la defensa del procesado manifiesten que no existe evidencia de un incremento patrimonial producto de los ilícitos, sin que el órgano investigador haya realizado algún acto investigativo con esa finalidad”, dijo el magistrado del Tribunal al anular la condena.
Carlos Mattos fue extraditado desde España, país donde permanecía mientras en Colombia se adelantaba el proceso en su contra, su ausencia se entendió como una intención clara de evadir a la justicia y se ordenó su captura, luego la extradición que aprobó la Audiencia Nacional de España.
Durante todo su proceso, por más de cinco años, Mattos insistió en su inocencia, en que nada tenía que ver con los sobornos, los mismos que dejaron una docena de personas en la cárcel, algunos condenados y confesos, muchos funcionarios de la rama judicial y hasta abogados. Luego de su extradición, Mattos dijo que estaba dispuesto a aceptar responsabilidad y llegar a un acuerdo con la Fiscalía, que se firmó.
El acuerdo terminó en la basura después de nuevos actos de corrupción y cuando descubrieron a Mattos de paseo por las calles de Bogotá en carros y con funcionarios del Inpec a su servicio. El empresario prometió una indemnización a la justicia, que tampoco se cumplió por cuenta del fallido acuerdo con la Fiscalía.
Carlos Mattos se encuentra actualmente privado de su libertad de la cárcel de Cómbita en Boyacá, después de protagonizar un escándalo en La Picota con permisos y salidas irregulares, las cuales eran aprovechadas para ir a su oficina en el norte de Bogotá y adelantar actividades meramente personales.