La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este miércoles la protección de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción al expresidente Álvaro Uribe Vélez en medio de las audiencias preparatorias de juicio que se adelantan en su contra por presunta presión a testigos.
Debido a esto, le ordenó al Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá que, después de la notificación del fallo, tiene que programar la continuación de las audiencias preparatorias de juicio permitiéndole a la defensa del exmandatario presentar sus pruebas.
“(...) concederá a la defensa la oportunidad de descubrir, enunciar y solicitar los medios de prueba con los que soportará su teoría 110012204000202403595-00 Álvaro Uribe Vélez 54 del caso; así como de oponerse a las que solicitó la Fiscalía, conforme con lo expuesto en las consideraciones de este fallo”, precisa la decisión de 52 páginas.
Debido a esto, la audiencia que se adelantaba este miércoles tuvo que ser suspendida mientras las demás partes se notifican y leen la decisión judicial que le da un vuelco a este proceso. La diligencia se reanudará a las 11 de la mañana.
La defensa del exmandatario había reclamado que al expresidente Uribe se le estaban vulnerado los derechos procesales cuando, en la audiencia del 2 de octubre, la jueza 44 de conocimiento negó la solicitud de aplazamiento presentada por el abogado Jaime Granados.
Esto, mientras se estudiaban las copias originales de los elementos recolectados en los dispositivos móviles (computador y teléfono celular) incautados en la cárcel La Picota, de Bogotá, al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo clave en este caso.
El abogado penalista había manifestado que solamente hasta la tarde del 30 de septiembre habían tenido acceso total a la evidencia que se encontraba en los computadores de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Para preparar su teoría del caso, era necesario que se les permitiera realizar una comparación con las copias espejo que les entregó el 12 de septiembre la Fiscalía General y así establecer si la información contenida en los dispositivos tecnológicos de Monsalve había sido manipulada, alterada o borrada.
Sin embargo, la jueza negó las pretensiones de la defensa, situación que generó un fuerte reclamo por parte del exmandatario que consideró que se le estaba vulnerando su defensa al no poder presentar sus pruebas y, por lo tanto, socializar la teoría del caso.
“La estrategia de la defensa para llegar a una audiencia preparatoria en muy buena parte depende de lo que se encuentre en ese peritazgo, señora juez”, aseveró el exmandatario. “Aquí están afectando un derecho fundamental que es la estrategia de la defensa”.
Debido a la posición de la jueza, el expresidente tomó la drástica decisión de retirarse de esa audiencia. “Acá hay un daño que, si la justicia colombiana no lo corrige, es insuperable. Adelantar esto negándome el derecho a las pruebas. Me retiro”.
El expresidente Uribe fue acusado por la Fiscalía General por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos.