La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le compulsó copias a la Fiscalía General para que investigue al exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón por su presunta participación en el llamado ‘carrusel de la contratación’. Esto después de que su nombre apareciera varias veces mencionado en el proceso penal que se adelantó contra el exconcejal distrital José Juan Rodríguez por las irregularidades en la cesión de la fase III de TransMilenio.
En la lectura del fallo, el magistrado le pidió a la Unidad Especializada contra la Corrupción para que se investigue a Luis Eduardo Garzón por los delitos de tráfico de influencias en servidor público (esto por la presunta presión para la designación de personas en el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, durante los años 2007-2010), interés indebido en la celebración de contratos, falso testimonio y un incremento patrimonial.
Igualmente, se pidió investigar a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo Gaona, cuyo paradero es un misterio desde hace cinco años y a quien recientemente la Corte Suprema de Justicia le dejó en firme su condena de 19 años de prisión por su participación en la entrega irregular de contratos de infraestructura vial durante la administración de Samuel Moreno Rojas.
“Compulsar copias de esta providencia y de las principales piezas procesales para que la Fiscalía General Grupo de Trabajo para Corrupción en la Contratación de Bogotá de la Dirección Especializada Anticorrupción con el objeto que se investigue a los señores Luis Eduardo Garzón, Juan Manuel Ospina, José Juan Rodríguez Rico y las señoras Evelyn Roxana Deibe Mulford y Liliana Pardo Gaona por el delito de tráfico de influencias en servidor público”, señaló el magistrado.
Igualmente, se pidió investigar por el delito de interés indebido en la celebración de contratos a Juan Manuel Ospina y Liliana Pardo Gaona “de acuerdo con el análisis de la providencia del fallo de segunda instancia, así como el contrato sin cumplimiento de requisitos legales a la señora Liliana Pardo Gaona (...) por el delito de falso testimonio de los señores Luis Eduardo Garzón, Juan Manuel Ospina y Evelyn Roxana Deibe Mulford con relación a los testimonios rendidos dentro del presente proceso. Igualmente, que se investigue el probable incremento patrimonial ilícito del que hicieron parte estas personas”.
Este viernes se revocó el fallo emitido en enero de 2020, que favoreció al exconcejal y se emitió una condena de siete años y seis meses de prisión por su responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
El excabildante habría movido sus influencias para la cesión irregular del contrato para la fase III de TransMilenio (Calle 26) que se le había quitado al Grupo Nule. Por estos hechos se determinó que incurrió en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
Tras resolver el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá revocó el fallo que lo había declarado inocente el 30 de enero.
En su decisión Sala Penal determinó que en efecto existían pruebas suficientes para concluir que el entonces concejal de Bogotá había movido sus influencias para que se le entregara el contrato de la fase III de TransMilenio a la empresa Conalvías S. A. después que el alcalde Samuel Moreno Rojas se lo quitara al Grupo Nule por las demoras e irregularidades en su ejecución.
El cabildante de la Alianza Verde habría ejercido una presión sobre la directora del IDU, Liliana Pardo y su equipo de trabajo con el fin de que se entregara de manera directa la cesión del contrato pese a que la ley ordena adelantar una licitación.
En el fallo se le dio credibilidad a las declaraciones del exsubdirector jurídico del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Inocencio Meléndez Julio (uno de los principales condenados por este caso de corrupción) y los contratistas Miguel, Manuel y Guido Nule, así como Emilio José Tapia, quienes dieron detalles sobre el poder y presión que ejercía el concejal en el IDU.