Este martes, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá notificó que admitió para su estudio un recurso de habeas corpus presentado por el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez.
En la acción judicial, el excomandante de las AUC manifiesta que pese a las decisiones de Justicia y Paz y los registros de la Fiscalía General y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Inpec no ha materializado su libertad, por lo que se le están vulnerando sus derechos fundamentales.
El despacho ya le notificó a la dirección general de la cárcel La Picota, de Bogotá —donde se encuentra el excomandante paramilitar desde el pasado 27 de febrero—, a la JEP y al Juzgado Primero Penal del Circuito de Justicia y Paz, que el pasado viernes 5 de julio levantó siete órdenes de captura que existían contra Mancuso, que envíen de manera “urgente” sus respectivos conceptos.
Igualmente, se le envió copia a la Corte Constitucional y al Inpec. El recurso de habeas corpus —que según la legislación es un derecho fundamental que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente— fue presentado por Alfredo Yermaín Trujillo, quien se presentó como agente oficioso de Salvatore Mancuso.
Este recurso se suma a la acción de tutela presentada el pasado lunes en contra del Inpec y la cárcel La Picota en la que el exjefe paramilitar pide que se le reconozca su derecho a la libertad.
Igualmente, la defensa del exjefe de las AUC presentó una denuncia ante la Fiscalía General en contra del director de la cárcel La Picota, Mauricio Ríos Moreno; el director encargado, Johan David López Sánchez, y el director jurídico Ferney Saúl Ortiz Romero, por los delitos de prevaricato por omisión y prolongación ilícita de privación de la libertad.
“Solicito que se tomen las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento inmediato de las boletas de libertad (...) garantizando así mi derecho a la libertad personal”, reseña la denuncia.
Igualmente, pidió que se realice la respectiva actualización y depuración de su “cartilla biográfica y hoja de vida eliminando las anotaciones que ya han perdido vigencia y que no cuentan con respaldo legal válido”.
En el otro punto de la denuncia pide que se “adopten” otras “medidas penales y disciplinarias correspondientes contra los funcionarios responsables de la omisión en la actualización de mi información y de la prolongación indebida de mi privación de libertad. Se compulsen copias”.
En la denuncia se anexan los pronunciamientos hechos recientemente por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Fiscalía General de la Nación.
En el caso de la JEP, por medio de su Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, se informó que, tras hacer una revisión, el excomandante paramilitar no tiene una medida de aseguramiento pendiente.
“Mancuso Gómez tiene la calidad de compareciente, con ocasión de su aceptación concedida el 17 de noviembre de 2023 (...), circunstancia que no acarrea ni legal ni jurídica ni procesalmente su privación de libertad”, señaló la JEP.
Mientras tanto, el ente investigador advirtió que en el sistema no aparece ningún requerimiento o medida de aseguramiento vigente contra el exjefe de las AUC.
“Por medio de la presente me informan que verificados con cada uno de los despachos fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y los sistemas misionales de información, se estableció que, a la fecha, el señor Salvatore Mancuso Gómez no es requerido por ningún despacho adscrito a esta dirección”, respondió la Fiscalía a la dirección del Inpec.