En medio de la polémica que se ha generado frente a la facultad de la Procuraduría General de la Nación para suspender de sus cargos a funcionarios elegidos por voto popular, la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello, acaba de anunciar dos nuevas sanciones contra los alcaldes de San Juan Nepomuceno (Bolívar), Wilfrido Alfonso Romero Vergara, y de Timaná (Huila), Marco Adrián Artunduaga, por presunta participación en política al apoyar, al parecer, al candidato presidencial Federico Gutiérrez, durante un evento organizado por la Federación Nacional de Municipios, el pasado 7 de abril en Cartagena.

Esta suspensión, al igual que las anunciadas la semana pasada por la Procuradora, entre los que estaban el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, será por un período de tres meses.

Señala la investigación del ente de control que en el caso del alcalde Romero Vergara, al parecer, habría ofrecido aportar 40 mil votos en favor del candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, mientras que Marco Adrián Artunduaga, aparentemente, exteriorizó su apoyo al mismo candidato.

Aunque el debate está abierto sobre la facultad de la Procuraduría para suspender a estos funcionarios, luego de la sentencia de la CIDH que señala que esta decisión puede ser tomada “exclusivamente” por un juez de la República, desde el organismo de control señalaron, al anunciar estas dos nuevas suspensiones, que “es procedente para evitar una posible reiteración de la falta, pues de la evidencia en los registros fílmicos se tiene que, al parecer, participaron en actividades propias de los partidos o movimientos políticos, “comportamiento que está prohibido dada su condición de servidores públicos, y con ello pudieron quebrantar los principios de igualdad y transparencia que sustentan los comicios”.

En este caso, la Procuraduría no solo ratifica que tiene la facultad de emitir estas sanciones, sino también, a modo de advertencia, señala que lo seguirá haciendo si se siguen presentando estos presuntos hechos de participación política en el marco de la campaña presidencial, de parte de los funcionarios públicos, sin importar si ejercen el cargo por nombramiento o por elección popular.

“Podría volver a presentarse, pues nos encontramos en camino de la elección presidencial y el candidato por el cual presuntamente habrían participado en política se encuentra en la contienda electoral”, señalo la Procuraduría a través de un comunicado.

Y es que al parecer viene una nueva tanda de suspensiones de este tipo, según se advierte con la decisión de iniciar investigación disciplinaria contra los mandatarios locales de María La Baja, Raquel Victoria Sierra Cassini; Cicuco, José Nicolás Ramos Pastrana; Santa Rosa de Lima, Mario José Rodríguez Hernández; Villanueva, Edwin Puerta Orozco, y Arenal, Eugenio Lobo Quiñónez, municipios ubicados en el departamento de Bolívar.

La advertencia la hizo la propia procuradora Margarita Cabello, quien afirmó que “los mandatarios locales tienen que entender, y no pueden desconocer, que ya no están mandando para su partido o movimiento político, sino que están al servicio de la ciudadanía”.

En este tema de las suspensiones aún hay mucha tela por cortar y vendrán noticias nuevas en los próximos días, no solo por la advertencia de Cabello, sino por lo que pueda suceder en los tribunales nacionales e internacionales.

Ya el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, radicó una acción de tutela con la que espera que le sean amparados sus derechos políticos. Además, será presentada la solicitud oficial de medidas cautelares ante la CIDH, para que sean respetados los derechos de Quintero y de quienes votaron por él para que asumiera el mandato de la capital antioqueña.

El equipo jurídico, compuesto por los abogados Héctor Carvajal y Carlos Rodríguez, anunció que estarán el lunes en Washington, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde no solo harán la solicitud, sino que también esperan reunirse con la secretaria ejecutiva y personal de la entidad internacional, explicando lo que consideran “un abierto desafío del Gobierno de Colombia a la decisión de la Corte Interamericana”.