Una compleja acción de orden público se presentó en las últimas horas en el departamento de Norte de Santander, en el Catatumbo, en donde fue atacada una caravana de seguridad del presidente Gustavo Petro.
SEMANA conoció con fuentes de inteligencia de la Policía, que en la región donde se presentó la acción armada, delinque el frente Héctor Libardo Toro, de la guerrilla del ELN.
De acuerdo con las primeras informaciones que se han conocido del caso personal de la Unidad Nacional de Protección, que hace parte de la seguridad del presidente Petro, se dirigía desde Bucaramanga, Santander; al municipio de El Tarra, en Norte de Santander; para preparar la seguridad para una visita del mandatario, cuando en el camino fueron atacados por hombres armados.
La información preliminar señala que tres vehículos de la UNP fueron atacados con disparos de fusil y pistolas, por parte de sujetos que se movilizaban en motos, logrando impactar uno de los vehículos. De acuerdo con fuentes oficiales, los ocupantes de las camionetas que fueron atacadas por los delincuentes se encuentran ilesos y lograron llegar al municipio de El Tarra.
El ataque se presentó en la zona de San Pablo, en el Catatumbo.
En ese momento, indicaron fuentes militares y de policía, se desplegaron unidades especializadas para ubicarlos a los responsables de la acción armada en contra la seguridad del presidente Gustavo Petro. El ataque por presuntos guerrilleros del ELN, se conoce en medio de las negociaciones de paz, que fueron reactivadas por el actual Gobierno con los máximos cabecillas de dicha organización subversiva.
Es de recordar que recientemente se informó sobre el levantamiento de las órdenes de captura que existen en contra de los integrantes del Comando Central, Coce, del ELN.
Sobre este particular, dijo el Fiscal Francisco Barbosa, que las órdenes de captura se suspenden por tres meses y la decisión se toma justamente después de conversar con el Gobierno nacional y advertir que las negociaciones se materializarán en las próximas semanas. Insiste el jefe del ente acusador que la decisión de suspender las órdenes de captura obedece a la política de colaboración que debe existir entre las entidades del Estado.
Los cobijados con la decisión de la Fiscalía son, Nicolás Rodríguez Bautista, Pablo Beltrán, Aurelio Carbonell, Gustavo Martínez, Silvana Guerrero, Alirio Sepúlveda, Isabel Torres, María Consuelo Tapia, Tomás García, Óscar Serrano y Vivíam Henao.
SEMANA conoció el decreto 0666 del 22 de agosto de 2022 firmado por el fiscal General, Francisco Barbosa, donde entrega los detalles y argumentos para suspender las órdenes de captura que cursan en contra de quienes son cabecillas del Ejército de Liberación Nacional y ahora hacen parte, reconocida por el Gobierno, de las negociaciones del proceso de paz con esa guerrilla.
“Que mediante resolución 176 del 10 de agosto de 2022 se autorizó al Alto Comisionado para la paz para adelantar acercamientos exploratorios y contactos con representantes de grupos armados organizados al margen de la ley, integrantes de grupos armados organizados, con el fin de verificar su voluntad real de paz, avanzar en la formalización de diálogos y celebrar acuerdos con los objetivos indicados por el presidente de la República”, señala el decreto.
El documento de tres páginas señala en detalle por qué se toma la decisión de suspender las órdenes de captura y con una base legal, advierte que se cumplieron con todos los pasos anteriores de cara a garantizar la base constitucional para iniciar formalmente los diálogos exploratorios en un eventual proceso de paz con el ELN.
“Que el Gobierno nacional ha recibido una comunicación presentada por personas que manifestaron ser los delegados autorizados del Ejército de Liberación Nacional, por medio de la cual esta organización armada ilegal certifica que las personas que allí se relacionan pertenecen a esa organización”, señala el documento.